Miami, Fl. - El presidente, Donald Trump, resucitó nada más llegar a la Casa Blanca un polémico programa que convierte a los sheriffs en agentes migratorios, permitiéndoles identificar y arrestar a indocumentados sólo por el hecho de serlo. En seis meses, gracias a los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional, se ha disparado el número de condados que se han sumado a esta iniciativa, sobre todo junto a la frontera mexicana. Según ha anunciado este lunes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés), ya son 60 en todo el país, de los que al menos 24 se han firmado con la nueva Administración republicana. Pero todos ellos lo han hecho en su versión menos comprometida, es decir, en lugar de detener a indocumentados por el mero hecho de serlo, como quería Trump, se limitan a iniciar su proceso de deportación una vez que ya están en la cárcel por haber cometido algún delito común.
El programa 287(g) toma su nombre de una cláusula de la ley de inmigración firmada por George W. Bush en 2006, que permite al gobierno federal llegar a acuerdos con las autoridades estatales y locales para que hagan funciones de agentes de inmigración. Hay dos tipos de acuerdo: operativo (task force), que habilita a estos agentes para interrogar a aquellas personas que, en su opinión, puedan ser inmigrantes indocumentados, y arrestarlas si en efecto lo son; y carcelario, que permite marcar para su deportación a los inmigrantes que hayan sido detenidos por violar leyes locales o estatales, es decir, no por estar indocumentados.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, entre enero de 2006 y septiembre de 2015, este programa permitió identificar a más de 402.000 inmigrantes indocumentados, la mayoría en cárceles locales. Un análisis de The Marshall Project cifró en 175.000 las deportaciones a él debidas.
La Administración del demócrata Barack Obama acabo con los acuerdos de tipo operativo debido a las denuncias de discriminación racial. La Unión Americana de Libertades Civiles considera que este programa propicia abusos en los derechos civiles y merma además los recursos destinados a combatir el crimen. El Gobierno federal sufraga cuatro semanas de formación para los agentes, pero los gastos del programa corren a cargo de los sheriffs y policías estatales.
El pasado 25 de enero, apenas cinco días después de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para “mejorar la seguridad pública” que, entre otras disposiciones, conminaba al Departamento de Seguridad Nacional a “adoptar de forma inmediata las acciones apropiadas” para cerrar nuevos acuerdos con gobernadores estatales y autoridades locales, resucitando así de hecho el programa operativo.
El 20 de febrero, el entonces secretario de Seguridad Nacional y desde la semana pasada jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, firmó un memorándum en el que instaba a centrarse en los condados y ciudades cerca de la frontera con México.
Según ha indicado este lunes ICE, hay 60 acuerdos en vigor, aunque en su página de Internet sólo figuran 58. De éstos, 24 se han firmado desde la llegada a la presidencia de Donald Trump, la mayoría en junio y julio, la mayoría en Texas, cerca de la frontera.
Sin embargo, todo ellos son acuerdos carcelarios, es decir, permiten iniciar la deportación de inmigrantes detenidos por delitos locales y estatales, pero no promueve que los agentes arresten a indocumentados por el hecho de serlo, en contra de lo que pedía la Casa Blanca.
En total, los condados y ciudades con acuerdos vigentes con ICE suman una población de 20,2 millones de personas. Hay uno en Alabama, cuatro en Arizona, dos en Arkansas, uno en California, tres en Florida, cuatro en Georgia, uno en Louisiana, tres en Maryland, tres en Massachusetts, dos en Nevada, cuatro en Nueva Jersey, cinco en Carolina del Norte, uno en Ohio, uno en Oklahoma, cuatro en Carolina del Sur, uno en Tennessee, 17 en Texas y uno en Virginia.
Los acuerdos más destacados se han firmado con los Departamentos de Prisiones de Arizona y de Massachusetts, Orange County en California, Jacksonville en Florida, Baton Rouge en Louisiana, Las Vegas, Jersey City, Charlotte y Raleigh en Carolina de Norte, Tulsa en Oklahoma, Charleston en Carolina del Sur, y Fort Worth en Texas.
Los últimos en incorporarse han sido Clay County, en Florida, el pasado 30 de junio; Baton Rouge, el 3 de mayo; Anne Arundel County, en Maryland, el 19 de junio; Horry County, en Carolina del Sur, el 30 de junio; Knox County, en Tennessee, el 15 de junio, y 15 condados de Texas, entre mayo y julio.
Precisamente en Texas, el pasado mes de febrero rompió su acuerdo con ICE el condado de Harris. El sheriff, Ed González, aseguró que el programa 287(g) le costaba 675.000 dólares en salarios; así, decidió reasignar a las 10 personas que se dedicaban a tareas inmigratorias de nuevo a combatir el crimen, según informó el diario Houston Chronicle.
En cualquier caso, según un informe del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes publicado en diciembre, la mayoría de condados colabora con ICE sin necesidad de firmar un acuerdo 287(g). Esta organización examinó 2.556 de los 3.144 condados estadounidenses, usando información liberada mediante la Ley de Libertad de Información. Sólo 29 tienen un acuerdo 287(g) firmado, pero tres de cada cuatro mantienen a los inmigrantes detenidos, a la espera de que ICE se haga cargo de ellos, incluso cuando ya no pesa orden de arresto contra ellos.