Miami, FL. - El senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur) y el demócrata Dick Durbin (Illinois) han presentado este jueves un proyecto de ley para blindar a los soñadores ante la posible anulación de la Condición de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en sus siglas en inglés). La Casa Blanca ya ha avanzado sin embargo que tiene pocas posibilidades de salir adelante.
La nueva propuesta, bautizada como The Dream Act 2017, permitiría otorgar la residencia permanente (y blindar de la deportación) a aquellas personas que llegaron a Estados Unidos con menos de 17 años y lleven viviendo aquí de forma continuada durante los cuatro años previos a la aprobación de la ley (en caso de que se validara en 2017, desde 2013).
Para ello, deben tener el graduado escolar (o estar estudiando en la escuela o la universidad), carecer de antecedentes penales graves (como máximo, una condena de menos de un año, o tres que sumen 90 días), y no ser una amenaza para la seguridad nacional, según el borrador publicado por el grupo mediático McClatchy. La residencia se concedería por ocho años y abriría la puerta a la naturalización definitiva.
Según ha explicado Durbin esta mañana en una rueda de prensa, lleva 16 años trabajando en este proyecto pero es ahora cuando más necesario es “ante la incertidumbre” que viven los soñadores, a los que “no se debe hacer responsables de los errores de sus padres”.
Graham, por su parte, tendió puentes con el presidente, Donald Trump, para buscar su apoyo al proyecto. “La reforma migratoria, si se hace por pedazos, es esencial para nuestra viabilidad económica y para la seguridad nacional, tenemos que darle una solución, tenemos que encontrar el camino junto a Trump”, aseguró.
El senador republicano apreció que la Casa Blanca se esté “concentrando en sacar a los malos hombres del país, en sacar a los inmigrantes irregulares criminales, y el hecho de que quiera tener una frontera segura es algo bueno”. “La pregunta para el Partido Republicano es qué les vamos a decir” a los soñadores, “cómo les vamos a tratar”, añadió, “y mi respuesta es que les vamos a tratar con justicia”.
“Hemos estado trabajando activamente con la Casa Blanca durante meses, hemos hablado con gente en la Casa Blanca que quiere mantener abierto este diálogo, no vamos a tirar la toalla”, concluyó Graham. El senador ha pedido directamente al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que se involucre en el proyecto para dar una solución a los soñadores.
DACA, en peligro
La Condición DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) fue creada en 2012 por el anterior presidente, el demócrata Barack Obama, para proteger a los jóvenes llegados a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad, que pese a haber pasado casi toda su vida aquí seguían siendo considerados inmigrantes irregulares y se enfrentaban por ello al riesgo de ser deportados.
Obama aprobó este programa al margen de Congreso después de que, en 2010, el Senado dejara morir el DREAM Act, que abría una vía de naturalización para los jóvenes traídos al país ilegalmente por sus padres. Dado que DACA no es una ley sino una orden presidencial, puede ser cancelada desde la Casa Blanca de un plumazo y al margen del Congreso.
En agosto de 2016, el entonces candidato republicano, Donald Trump, afirmó: “Finiquitaremos de inmediato las dos amnistías ilegales aprobadas por el presidente Obama”. Se refería así a DACA y a DAPA (Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents), una condición similar aprobada por Obama en 2014 para proteger a los inmigrantes irregulares con hijos estadounidenses.
La amenaza de una decisión judicial
Sin embargo, una vez elegido presidente, Trump suavizó su postura al respecto, y prometió sacarse de la manga una solución que dejara “a todo el mundo contento y orgulloso”. En junio, la Casa Blanca anunció la eliminación de DAPA, pero confirmó al mismo tiempo que DACA seguía vigente.
En realidad, DAPA nunca había existido. Tras ser aprobado por Obama, y antes de tener tiempo de entrar en vigor, fue contestado ante la justicia por Texas y otros 25 estados, que lograron su anulación; el caso llegó hasta la Corte Suprema, pero un empate técnico evitó que los magistrados se pronunciaran al respecto.
En junio, tras conocerse que DACA seguiría vigente, los fiscales generales de Texas y otros nueve estados gobernados por el Partido Republicano amenazaron con recurrir ante la justicia si Trump no eliminaba el programa antes de otoño.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, se mostró muy pesimista la semana pasada en una reunión con congresistas demócratas sobre el futuro de DACA si se dejaba a los jueces decidir al respecto, y le conminó a legislar al respecto si de verdad deseaban blindar el futuro de los soñadores. Apenas unas horas después, el propio Trump auguraba que tendría que tomar una decisión “muy difícil” sobre DACA, presionado por la amenaza de judicializar el asunto.
Los plazos temporales son muy apretados, puesto que la amenaza judicial podría cristalizarse tan pronto como septiembre, y Trump puede tomar una decisión en cualquier momento que anule DACA. El proyecto de ley comienza su andadura ahora en el Congreso, pero su trayectoria es incierta, puesto que requiere de una mayoría suficiente para pasar al pleno y ser votado por las dos cámaras, y además debería evitar el veto presidencial.