El equipo internacional de expertos que investigó la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa en el estado mexicano de Guerrero en septiembre 2014 también fue presuntamente espiado con un programa informático vendido al Gobierno mexicano para combatir a criminales y terroristas. Así consta en la tercera entrega de la investigación del Citizen Lab, que ya denunció el uso del software Pegasus para espiar los teléfonos móviles de periodistas y políticos mexicanos.
El conocido como Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estaba integrado por la juez guatemalteca Claudia Paz y Paz, el médico español Carlos Martín Beristain, los abogados colombianos Ángela María Buitrago y Alejandro Valencia, y el abogado chileno Francisco Cox.
En abril de 2016 se conocieron sus conclusiones sobre lo ocurrido en la noche del 26 y 27 de septiembre en la localidad de Iguala, que ha dado nombre a la matanza. El documento no sólo cuestionó la versión oficial de lo ocurrido, sino que además denunció los obstáculos que, a su juicio, puso el Gobierno para obstruir su investigación. Ya en febrero de 2016, dos meses antes de concluir su trabajo, el grupo de expertos había denunciado su preocupación al respecto. Y fue entonces cuando el supuesto espionaje comenzó.
El 1 de marzo, uno de los teléfonos del equipo fue atacado con el programa malicioso; tres días después se produjo otro intento, según Citizen Lab, que “especula” con la posibilidad de que el objetivo fuera acceder a la investigación y a sus fuentes. El Citizen Lab destaca además que el informe final de los expertos reveló irregularidades en la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de México, que, según añade, adquirió el programa informático.