* la comisión nacional de derechos humanos reporta que en 2016 hubo 209 quejas
* en lo que va de 2017 se han registrado 18 quejas de este tipo
hace poco más de un mes, el 26 de abril, en méxico fue aprobada por unanimidad del senado la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. esta nueva ley anula cualquier prueba que las autoridades obtengan de los detenidos mediante mecanismos de tortura. así mismo propone la creación de un registro nacional de víctimas de este delito y la aplicación de mecanismos de reparación de daños.
sin embargo, todavía faltan algunos meses para que la legislación pueda aplicarse. esto resulta preocupante dado que en 2016 el número de quejas se quintuplicó en comparación con 2015. en 2015 hubo 43 quejas de este tipo, mientras que en 2016 la cifra aumentó a 209. además, en lo que va de 2017, ya se han registrado 18 más, de acuerdo con datos de la comisión nacional de derechos humanos (cndh).
por otro lado, de acuerdo con el sistema nacional de alerta de violación a los derechos humanos del organismo, en 2015 se recibieron 663 quejas por tratos crueles, inhumanos y degradantes. en 2016, esta cifra fue de 528 denuncias.
en febrero de este año, juan méndez, relator de naciones unidas contra la tortura, presentó su informe sobre méxico y concluyó que dos años después de su visita al país la situación sigue igual.
de acuerdo con su reporte, a los casos de tortura se suma un contexto de impunidad, en donde la investigación de los hechos prácticamente es inexistente.
de acuerdo con una investigación realizada por la web mexicana, animal político, entre 2012 y 2016, la procuraduría general de la república (pgr) reportó más de 10.000 averiguaciones previas y carpetas de investigación por tortura.
de estos casos, solo 22 fueron resueltos y consignados ante un juez (esto no quiere decir que alguno de ellos terminara en una sentencia condenatoria). además más del el 50% de las averiguaciones, siguen abiertas sin que exista alguna determinación o resolución.
la pgr reporta que en 4.435 averiguaciones decidió no continuar con la indagatoria con el argumento de que las autoridades responsables eran de índole estatal y no federal. según animal político, en cuatro años, hubo 180 casos enviados al archivo sin resolver, al considerarse que no había pruebas disponibles y en otros 124 se determinó que no se había cometido ningún delito.