Washington.- La fiscal general en funciones, Sally Yates, ordenó hoy a los abogados del Departamento de Justicia que no defiendan en los tribunales el veto a inmigrantes y refugiados impuesto por el presidente, Donald Trump.

En una carta enviada a los abogados del Departamento de Justicia, Yates dijo no estar "convencida" de que la orden ejecutiva de Trump sea "legal".

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Inmediatamente el presidete respondió a través de su cuenta de Twitter criticando a los demócratas por obstruír su gestión.

"Los demócratas están retrasando mis elecciones por razones puramente políticas. No tienen nada que hacer sino obstruir. Ahora tienen Fiscal General de Obama", escribió Trump.

Yates es una fiscal de la era del expresidente Barack Obama y sigue en el cargo a la espera de que el Senado estadounidense confirme al nominado de Trump para la Fiscalía General, el senador republicano Jeff Sessions. 

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"En este momento, no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea consecuente con estas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal", agregó.

Por eso, Yates ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no defiendan la orden ejecutiva en las demandas interpuestas en su contra en Virginia, Nueva York, Massachusetts, el estado de Washington y California, como mínimo.

"Mientras siga como fiscal general en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, a menos y hasta que esté convencida de que sería apropiado hacerlo", concluyó Yates.

El presidente Trump, que no se ha pronunciado aún sobre la decisión de Yates, tiene competencias para despedirla, pero el cargo quedaría entonces vacante hasta la confirmación de Sessions.

Trump ha causado una enorme controversia y ha soliviantado a medio mundo con la orden ejecutiva que firmó el pasado viernes, como herramienta para luchar contra el terrorismo yihadista.

El decreto ley suspende el ingreso en EEUU de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos.

Obama rompió precisamente hoy su silencio al afirmar que "no está de acuerdo con la noción de discriminar a los individuos debido a su fe o religión", de acuerdo con su portavoz, Kevin Lewis