ALBUQUERQUE, New Mexico, EE.UU. (AP) — Grupos activistas emprendieron acciones el miércoles en dos frentes para presionar por un mejor trato para los inmigrantes que están bajo custodia federal, y afirmaron que agentes federales les están quitando sus pertenencias que los inmigrantes languidecen tras las rejas debido a condiciones injustas establecidas por jueces y otros para obtener la libertad bajo fianza.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) de New Mexico y otras organizaciones presentaron una queja administrativa ante el Departamento de Seguridad Nacional argumentando que agentes de la Patrulla Fronteriza están decomisando propiedad de inmigrantes antes de deportarlos a México, en algunos casos a ciudades donde no conocen a nadie.
La queja fue presentada el mismo día que la ACLU del Sur de California interpuso una demanda para exigir a agentes de deportación y otros jueces de inmigración considerar la capacidad de pago de los inmigrantes cuando establezcan fianzas, para evitar así encarcelar a gente sólo porque son pobres.
Defensores afirman que al menos 100 inmigrantes son detenidos diariamente a pasar de que se les otorgó libertad bajo fianza.
Las demandas fueron presentadas por separado y se dieron tras la acalorada retórica en la campaña de precandidatos presidenciales sobre la manera en que el país debería tratar a los inmigrantes y sobre a quiénes se debería permitir permanecer en el país.
Los activistas en New Mexico dijeon que inmigrantes sospechosos de estar en Estados Unidos sin permiso fueron deportados sin sus pertenencias en 26 casos y que el decomiso los puso en situaciones riesgosas.
En un caso, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a un hombre de 23 años de Chihuahua, México, en un camino cerca de Antelope Wells, New Mexico, y lo obligaron a firmar un documento en el que renunciaba al derecho de sus pertenencias, indica la denuncia.
En otro caso, agentes decomisaron casi 400 dólares a una mujer de 23 años de Guerrero, México, después de detenerla cerca de un puente internacional en El Paso, Texas.
El dinero, que era parte de los ahorros de toda la vida de la mujer, nunca fue devuelto, señalaron los defensores. "Ellos realmente están socavando el imperio de la ley en la frontera", dijo Kristin Greer Love, una abogada de la ACLU de New Mexico.
"Están poniendo a la gente en gran riesgo. Algunos están huyendo de situaciones peligrosas y están buscando asilo en Estados Unidos".
El Departamento de Seguridad Nacional, el cual supervisa a la Patrulla Fronteriza, dijo que tiene una política de salvaguarda de la propiedad de detenidos y que devuelve las pertenencias al ser deportados.
La agencia revisará la denuncia, dijo la vocera Gillian Christensen en un comunicado. "Cualquier acusación de propiedad perdida será investigada exhaustivamente", señaló. Christensen rechazó hacer comentarios sobre la demanda de la ACLU del Sur de California.
El grupo quiere que las autoridades consideren otros tipos de fianza o alternativas a la detención para que más inmigrantes puedan quedar libres.
La ACLU señaló que las fianzas de inmigración deben ser pagadas en su totalidad y en efectivo, y que el Departamento de Justicia del país ha exhortado a los tribunales penales a que consideran la capacidad de pago de los acusados cuando establezcan la fianza. Los activistas quieren que las cortes de inmigración hagan lo mismo.
La demanda señalaba el caso del hondureño César Matías, quien ha estado detenido desde 2012 a pesar de que se le dictó libertad bajo fianza por un monto de 3.000 dólares.
Matías fue tomado en custodia por las autoridades de inmigración después de una sentencia por drogas y solicitó asilo para evitar la deportación a Honduras, donde fue perseguido porque es gay, dijo Michael Kaufman, abogado de la ACLU del Sur de California.
"El propósito de la fianza es garantizar la comparecencia de una persona en la corte. Su propósito no es ser una condición inalcanzable que sea básicamente otra manera de ordenar la detención de una persona", dijo Kauffman.
La ACLU pretende que se considera demanda colectiva para los inmigrantes detenidos en el área metropolitana de Los Ángeles, donde las autoridades tienen capacidad para 3.000 detenidos.
La demanda fue presentada contra el Departamento de Justicia, que supervisa las cortes de inmigración del país, y contra el Departamento de Seguridad Nacional. El Departamento de Justicia también se negó a hacer comentarios.