Un ex militar retirado y un paramilitar son juzgados a partir del lunes por presunto asesinato, desaparición, violaciones sexuales y esclavitud laboral de al menos 15 mujeres durante el conflicto armado en Guatemala.
Con una sala casi abarrotada de familiares de las víctimas, activistas y el cuerpo diplomático el tribunal de Mayor Riesgo "A'' comenzará a juzgar al militar retirado Esteelmer Francisco Reyes Girón por delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual, por atentar contra la dignidad personal y asesinato. Sólo 11 de las 15 víctimas se presentaron al debate.
La fiscal Hilda Pineda dijo que Reyes Girón en su calidad de subteniente del ejército y comandante de pelotón "autorizó y consintió que soldados del ejército bajo su mando ejercieran violencia sexual y tratos inhumanos, crueles y denigrantes en contra de mujeres mayas Q'eqchí".
La fiscal describió que las agresiones fueron repetitivas, prolongadas y utilizadas "como un arma de guerra". El primer testimonio que el tribunal escuchó fue el de Pedro Cuc, quien habló sobre la esclavitud a la que fue sometido durante la guerra.
"Nos obligaron a trabajar para construir el destacamento", narró Cuc ante los jueces para explicar que mientras a las mujeres se les esclavizaba para trabajos domésticos y sexuales a los hombres los hacían trabajar.
El tribunal también escuchó a Juan Maquín Caal, de 51 años, que narró cuando en 1982 los soldados llegaron y se llevaron a su padre.
"Nunca más volví a ver a mi papá", relató Maquín entre lágrimas y acompañado de un intérprete del idioma Q'eqchí y un psicólogo.
El otro acusado es Heriberto Valdez Asij, quien en su momento fue un comisionado militar -civil con funciones de militar- por delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual y desaparición forzada.
El abogado defensor de Reyes Girón Moisés Galindo intentó detener el proceso alegando que existía una solicitud de amparo por considerar que los jueces del tribunal no son imparciales.
Sin embargo, la fiscalía explicó que la Corte Suprema no otorgó el amparo provisional como para frenar el inicio del proceso, por lo que el tribunal decidió iniciar el juicio. Reyes Girón se negó a hablar ante el tribunal y Valdez Asij dijo que no era culpable de los hechos.
"Yo no estoy trabajando con militares, yo trabajo en la comisión municipal, no estoy haciendo daño a nadie", explicó Valdez y agregó que "injustamente estoy en la cárcel, soy un hombre inocente".
La fiscalía recibió en 2011 una denuncia según la cual durante los años 1982 y 1983 al menos 15 indígenas Q'eqchí fueron detenidas en el destacamento militar Sepur Zarco, ubicado en el municipio de El Estor en el departamento de Izabal, en el norte del país, donde fueron esclavizadas.
En la sala las víctimas vestían sus trajes indígenas y llevan cubiertas las cabezas y las caras para no ser vistas.
En solidaridad, otras mujeres dentro de la audiencia también se cubrieron la cabeza. Jo Marie Burt, de la organización Wola, con sede en Washington y que llegó a presenciar la audiencia dijo que "el juicio es histórico, esta es la primera vez que un tribunal local juzga estos delitos tan graves" y agregó que "este es un ejemplo para otros países del mundo de que se pueden juzgar a lo interno este tipo de crímenes".
Los delitos cometidos por los acusados pueden ser juzgados más de 34 años después debido a que se consideran de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. Según la denuncia las agresiones y violaciones duraron unos seis meses durante los cuales además de ser violentadas las mujeres tuvieron que cocinar y limpiar para los soldados.
La denuncia también incluye la desaparición y muerte de al menos cuatro personas. En un boletín de prensa varias organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos expresaron que "esta será la primera vez en el mundo que se juzgue en una corte nacional la esclavitud sexual en un contexto de guerra".
Todd Robinson, embajador de Estados Unidos en Guatemala y quien acudió a la primera audiencia del juicio, dijo que acudía para ver en acción a la justicia guatemalteca. Guatemala vivió una guerra durante 36 años entre el ejército y la guerrilla izquierdista. Según Naciones Unidas 245.000 personas fueron muertas o desaparecidas en ese período.