La Suprema Corte aceptó debatir el caso de la acción ejecutiva de inmigración de Obama

¿Le dará la razón a la Acción Ejecutiva del presidente Obama o a Texas y los otros 25 estados que se oponen a la medida?

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Al anunciar hoy la Suprema Corte de Justicia que conocerá del caso de la acción ejecutiva del Presidente Obama, el máximo tribunal del país tendrá la última palabra en lo que es una de las principales iniciativas del presente gobierno en el tema de inmigración y la cual afectará a cerca de cinco millones de personas.

No ha sorprendido la decisión de la Corte dada la magnitud de lo que está en juego. Este es uno de los casos por los cuales precisamente existe la Corte, para sentenciar y poner punto final a la discusión legal en temas que dividen tanto a los sociedad, como en este caso, a los estados y al gobierno en Washington. 

El caso llegó a la Corte por una demanda de Texas que luego fue apoyado por otros 25 estados, todos los cuales se oponen a la acción ejecutiva de Obama. Hay otros 15 estados que por el contrario han manifestado su apoyo a lo hecho por el mandatario. 

Y el caso llega a la Corte también debido a que ya cumplió su paso por los tribunales menores en donde primero un juez en Texas ordenó la suspension del programa. Luego una Corte de Apelaciones en New Orleans también ordenó que no se implementara la acción ejecutiva, básicamente diciendo -aunque con otros argumentos- que estaba de acuerdo con lo dicho por el juez en Texas. Una vez que esto sucedió, el gobierno de Obama pidió a la Suprema Corte que conociera del caso.

Según el calendario de la Corte, los alegatos -verbales y por escrito- a favor y en contra de la acción ejecutiva tendrán lugar alrededor de abril, para que en algún momento en junio se conozca la decisión de la Corte. El momento será potencialmente explosivo ya que caerá en medio de la campaña presidencial donde el tema de inmigración será de seguro uno de las papas calientes de la discusión nacional.

Por lo que hasta ahora se sabe, los aspirantes demócratas a la candidatura presidencial apoyan la acción ejecutiva. Los republicanos por el contrario, no sólo están en contra de ella, sino que varios han dicho que de ganar la presidencia una de las primeras cosas que harán al instalarse en la Casa Blanca será precisamente cancelar la acción ejecutiva de Obama.

Más allá de estos calendarios, de las posibles consecuencias políticas de lo que resuelva la Corte y demás, hablar de la acción ejecutiva es hablar de la vida diaria y futuro en Estados Unidos de millones de seres humanos que están el país como indocumentados. 

La acción ejecutiva les permitirá a los que tienen varios años en el país viviendo vidas productivas -trabajan, han formado familia, no tienen deudas con la justicia, etc.- y que además tienen al menos un hijo(a) que ha nacido en Estados Unidos, acogerse a un programa que aunque sólo de manera temporal -tres años- garantizará al menos que no los deportarán y que les permitirá obtener un permiso de trabajo. 

En su anuncio del martes, la Corte detalló que conocerá de cuatro preguntas en el caso (que son las que tienen que responder los abogados en sus argumentos legales y en los cuales basará la Corte su sentencia). Tres de estas preguntas se han conocido ya en los alegatos ante el juez de Texas y la Corte de Apelaciones, la Corte hoy añadió una cuarta:


*Si los Estados tienen derecho a demandar contra la acción ejecutiva debido a que alegan que esta les traerá daños económicos (Texas dice que esos millones que potencialmente se beneficiarán que viven en el estado le causarán gastos ya que habrá que darles licencia de conducir).


*Si la acción ejecutiva de Obama fue algo caprichoso y arbitrario que no tiene base en las leyes federales.


*Si la acción ejecutiva fue dada no respetando los procedimientos legales que existen para acciones de tal tipo (dar un tiempo para que haya debate y alegatos de parte de los estados sobre lo que el presidente estaba por hacer).


*Si la acción ejecutiva viola la obligación que existe en la Constitución de Estados Unidos de que el presidente “haga lo necesario para que las leyes existentes sean fielmente cumplidas”. En otras palabras, se pregunta si hay alguna ley que impide al mandatario dar la acción ejecutiva.

De nuevo, más allá de todo el lenguaje jurídico que se esgrime, el corazón del argumento es simple: si puede el presidente de Estados Unidos decidir por si solo, sin consultarle a los estados y sin contradecir las leyes que ha pasado el Congreso, que no se deportará a millones de indocumentados y que además se les dará autorización para que trabajen legalmente.

El principal argumento del gobierno es que el Poder Ejecutivo (el Presidente) tiene amplio espacio de acción o de discreción en asuntos de inmigración -encima de los estados y siempre que no haga nada ilegal- y que la acción ejecutiva es simplemente un caso en el cual el mandatario ha decidido que esos millones de indocumentados que se beneficiarán no están en las prioridades de deportación. Que las prioridades son los criminales, los que son una amenaza a la seguridad nacional (terroristas y otros) y los que recién son detenidos tratando de cruzar la frontera. 

Los estados por supuesto, con Texas a la cabeza, no compran este argumento y señalan que lo del presidente ha sido una acción ilegal que sobrepasa los poderes que la Constitución y demás leyes le confieren al Ejecutivo. 

Se supone que la Corte es imparcial y que basa sus decisiones en los puros argumentos legales. Con todo, como ha sido el caso con las últimas grandes decisiones de esta Corte, no puede ignorarse la division ideológica que existe entre los nueve magistrados que la integran: cuatro jueces conservadores y cuatro liberales. Un noveno más o menos en el medio (el juez Anthony Kennedy) que aunque la mayoría de veces vota con los conservadores también a veces lo hace con los liberales. 

Uno de los pocos antecedentes del juez Kennedy en asuntos de inmigración es que en 2012, fue él precisamente quien escribió la opinion o sentencia de la Corte que anuló varios artículos de la controversial ley SB 1070 de Arizona por medio de la cual se autorizaba a las policías a pedir documentos de inmigración. 

Uno de los tantos argumentos mencionados por Kennedy, aunque en este caso no estaba relacionado directamente con lo que sucedía en Arizona, fue el de que aun cuando era el Congreso (via las leyes) el que especificaba qué extranjeros caían en la categoría de deportación, el Ejecutivo (el presidente o los funcionarios federales) tenía “amplia discreción” para decidir si tenía sentido deportar a alguien o no (que es básicamente el argumento de Obama para dar la acción ejecutiva).

No quiere decir esto que Kennedy mantendrá esta posición o que no aceptará el argumento de los estados de que una cosa es decidir sobre si se deporta a una persona u otra -ciertamente dentro del poder del Ejecutivo- y otra es decidir que no se deportará a millones de gente. Y aun peor -siempre según los estados-, hacerlo sin respetar los procedimientos legales.

La pelota entonces está hoy en el campo de la Suprema Corte. Millones de seres humanos y sus familias entretanto, siguen en una nerviosa y brutal espera sobre su destino.