El Tribunal Supremo de justicia aceptó debatir el bloqueo de los alivios migratorios. Con la decisión queda en sus manos el futuro migratorio del país y el de más de cinco millones de indocumentados que podrían evitar la deportación si falla a favor de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama.
El fallo sobre las mismas tendría lugar antes de que acabe el mes de junio, coincidiendo con el comienzo de la recta final de las elecciones presidenciales.
Ya durante su campaña presidencial de 2008, Obama se comprometió a solucionar los problemas derivados de un sistema migratorio que todo el espectro político coincide en que está "roto", sin embargo, los republicanos en el Congreso no han permitido que en sus siete años de mandato se aprobara una reforma integral del mismo.
Así pues, el mandatario demócrata decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados, una postura que, según los conservadores, ha cruzado los límites constitucionales.
Primero, favoreció a los jóvenes inmigrantes llegados al país cuando eran niños en 2012 con la llamada acción diferida o DACA, para ampliar dichas exenciones en 2014 a los padres inmigrantes de ciudadanos o residentes (DAPA), unas medidas que pretenden, en palabras de la Casa Blanca, "dar prioridad a la deportación de criminales, y no a las familias".
Liderados por Texas, un total de 26 estados -la mayoría gobernados por republicanos- presentaron una demanda contra las acciones ejecutivas del presidente que provocó el bloqueo de su puesta en marcha en febrero del año pasado.
El Departamento de Justicia anunció en noviembre que llevaría el caso al Alto Tribunal por estar en desacuerdo con la decisión de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, que decidió mantener la suspensión de las medidas tras meses de deliberación.
"El Departamento de Justicia mantiene su compromiso de tomar medidas que resuelvan el litigio sobre inmigración lo antes posible (...), dando prioridad a la deportación de los peores delincuentes, y no a las personas que tienen vínculos de larga duración con EEUU y que están criando niños estadounidenses", aseguró el portavoz del Departamento, Patrick Rodenbush.
La decisión del Gobierno de plantear el caso ante el Supremo era muy esperada por activistas e inmigrantes, y alienta una batalla potencial sobre las políticas de inmigración del presidente en medio de un año electoral que desembocará en los comicios presidenciales del próximo 8 de noviembre.
Varios grupos de activistas proinmigrantes, como Casa de Maryland, se reunirán frente a la sede del Tribunal Supremo en Washington a la misma hora en la que los jueces deberán hacer público si toman o no a consideración el asunto, con el objetivo de subrayar su impacto social.
La llamada Acción Diferida (DACA) ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y el plan DAPA, anunciado por el presidente a finales del año pasado y que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.Cada año, la máxima instancia judicial del país recibe aproximadamente 10.000 peticiones, pero solo admite a trámite entre 75 y 80 casos, según datos oficiales de la corte.
Consciente de ello, en su recurso, el Gobierno pidió al Supremo que "encarecidamente" garantice "la inmediata revisión" del caso por su "enorme importancia" y "el irreparable daño" que el retraso de la implementación de las medidas causará a sus posibles beneficiarios, cinco de los 11 millones de indocumentados que hay en el país.