por: anabel hernández y steve fisher
berkeley, ca — el 27 batallón de infantería localizado en iguala, guerrero, tuvo conocimiento en tiempo real de lo que pasaba y estuvo involucrado la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrió el ataque a más de 100 estudiantes de la escuela normal rural raúl isidro burgos de ayotzinapa en el que resultaron 10 normalistas heridos, tres muertos y 43 desaparecidos.
así lo revelan las declaraciones ministeriales del comandante del 27 batallón, el coronel de infantería josé rodríguez pérez, el capitán segundo de infantería josé martínez crespo y 34 militares más, rendidas ante la procuraduría general de la república (pgr) el 3 y 4 de diciembre pasado en el marco de las investigaciones sobre lo ocurrido a los estudiantes. la versión pública de dichas declaraciones fue obtenida por los autores de este reportaje a través de la ley federal de transparencia tras una batalla legal de ocho meses.
extracto de las declaraciones ministeriales obtenidas bajo la ley federal de transparencia por los periodistas anabel hernández y steve fisher.
durante casi un año el gobierno del presidente enrique peña nieto ha negado su participación en los hechos y ha afirmado que tuvieron conocimiento de lo que pasaba hasta varias horas después. el propio secretario de la defensa, salvador cienfuegos, ha afirmado que los militares nunca supieron lo que pasaba y no salieron del batallón en el momento en que ocurrían los ataques y desaparecieron los estudiantes. “…y que bueno que fue así, porque de haber salido hubiéramos creado un problema mayor”, dijo al periodista mexicano josé cárdenas en entrevista en julio pasado.
las declaraciones ministeriales de militares del 27 batallón desmienten esta versión.
ver aquí el reportaje en video: documentos revelan las declaraciones de 36 militares en el caso ayotzinapa
este 26 de septiembre se cumple un año del ataque y desaparición de los normalistas. en su gran mayoría son hijos de campesinos de zonas muy pobres, que con muchos sacrificios lograron enviar a sus hijos a la escuela para tener mejores oportunidades. aunque en méxico la muerte y las desapariciones se han vuelto rutinarias, el caso de estos estudiantes provocó protestas masivas en méxico y otras partes del mundo.
familiares de los estudiantes desaparecidos marchan en acapulco, méxico.hasta ahora el gobierno mexicano ha responsabilizado de todos los hechos al entonces alcalde de iguala -josé luis abarca- a su esposa maría de los ángeles pineda villa, a las policías municipales de iguala y cocula, y al grupo criminal guerreros unidos. por primera vez, en su propia voz, miembros del propio gobierno confesaron lo contrario. los militares del 27 batallón admitieron que ese día espiaron a los estudiantes desde que llegaron a la caseta de cobro iguala-puente de ixtla a las 7:30 de la tarde, es decir dos horas antes del primer ataque. confesaron que supieron, en tiempo real, todas las agresiones perpetradas contra los normalistas y que esa información también la tuvo en tiempo real la 35ª zona militar ubicada en chilpancingo, guerrero, cuyo comandante era entonces el general alejandro saavedra hernández quien, en diciembre pasado, fue ascendido a comandante de la 9ª región militar, también ubicada en guerrero. aunque los efectivos nunca admitieron haber participado en el ataque y desaparición de los estudiantes, sus confesiones indican que estuvieron presentes en al menos dos de esos momentos: uno en la calle juan n. álvarez y otro frente al palacio de justicia. en ambos eventos fueron desaparecidos algunos de los 43 normalistas cuyo paradero se desconoce con certeza hasta ahora.
impresos con las caras de los 43 estudiantes de ayotzinapa se convirtieron en un símbolo de las desapariciones en méxico desde la noche del 26 de septiembre.
a pesar de que los mismos militares se ubicaron en las escenas del crimen, la pgr no los cuestionó sobre si participaron, o no, en la muerte y desaparición de los normalistas.
extracto de las declaraciones ministeriales obtenidas bajo la ley federal de transparencia por los periodistas anabel hernández y steve fisher.
“entonces recibimos la orden del (nombre censurado por la pgr) ‘ármense, vamos a salir'. también nos dijo ‘pónganse vergas porque hay personal armado que anda matando gente’”, declaró a la pgr uno de los militares interrogados explicando la orden que recibió antes de salir del cuartel esa noche. su nombre fue censurado por la propia pgr en los documentos entregados.
en su declaración ministerial el comandante del pelotón de información del 27 batallón admitió que él mismo estuvo presente por lo menos en el ataque ocurrido contra el camión "estrella de oro número económico 1531", localizado frente al palacio de justicia en la carretera iguala-chilpancingo, de donde fueron desaparecidos todos los estudiantes que viajaban en él.
por su parte, el coronel rodríguez pérez reveló la operación de un grupo especial del ejército mexicano llamado órganos de búsqueda de información (obis), cuya existencia en méxico se desconocía hasta ahora, el cual está integrado por militares vestidos de civil los cuales estuvieron en las calles de iguala y sus inmediaciones.
de acuerdo a los testimonios de vecinos de la calle juan n. álvarez, obtenidos durante esta investigación, y a declaraciones de los propios estudiantes sobrevivientes rendidas ante las autoridades, en el ataque de la policía municipal contra los jóvenes también se encontraban disparando personas vestidas de civil.
en las inspecciones realizadas por la procuraduría general de justicia del estado de guerrero (pgjg) el 27 de septiembre, de las cuales se obtuvo copia como parte de esa investigación, en la calle juan n. álvarez donde ocurrió uno de los ataques contra los estudiantes -y en la escena de la balacera contra un camión de jugadores del equipo de fútbol "avispones" confundidos esa noche con los normalistas- encontraron decenas de casquillos calibre 7.62 que son los que usan las armas g3 que esa noche portó el ejército. sólo el ejército usaba ese tipo de cartuchos, no la policía municipal.
según las declaraciones ministeriales de los militares, esa noche también salieron a las calles de iguala dos escuadrones del grupo de "fuerza de reacción" compuestos por al menos 14 elementos cada uno. uno de ellos iba comandado por el capitán josé martínez crespo y el otro por un teniente cuyo nombre fue censurado por la pgr en los documentos obtenidos. además de ir todos armados con el g3, uno de los escuadrones utilizó esa noche un vehículo de guerra llamado "sandcat" en cuya escotilla en todo momento estuvo un soldado empuñando su metralleta.
extracto de las declaraciones ministeriales obtenidas bajo la ley federal de transparencia por los periodistas anabel hernández y steve fisher.
el 28 de septiembre, dos días después del ataque, las autoridades ministeriales de guerrero se presentaron en las instalaciones militares para corroborar el contenido de llamadas anónimas que habían recibido alertando que había normalistas encerrados en el batallón. el coronel pérez rodríguez les impidió hacer una inspección completa. reiteradamente el ejército se negó a que una comisión de padres de familia y organizaciones de derechos humanos revisaran la base. el gobierno del presidente peña nieto no ha permitido que el grupo de especialistas de la comisión interamericana de derechos humanos, que investiga la desaparición de los 43 estudiantes, entreviste a los militares que participaron esa noche de septiembre en el ataque contra los estudiantes en iguala.
gracias al acceso a estas declaraciones ministeriales, ahora también se conoce que el ejército destruyó, o ha ocultado, cinco fotografías del momento en que fue atacado el camión de los estudiantes frente al palacio de justicia, lugar donde también hubo desaparecidos.
cabe destacar que en ninguna declaración ministerial los militares refieren haber visto a miembros de la delincuencia organizada espiar, disparar o atacar a los estudiantes, ni tampoco los vieron durante las 15 horas (de 7 de la noche del 26 de septiembre a las 10 de la mañana del 27 de septiembre) que el ejército estuvo en las calles de iguala.
esta investigación fue realizada con el apoyo del programa de periodismo de investigación de la universidad de california en berkeley.
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