BUENOS AIRES (AP) — Muchas tiendas y negocios estaban cerrados y las calles estaban casi desiertas el martes al comenzar una huelga general liderada por los sindicatos del transporte en protesta por los impuestos sobre los ingresos y la elevada inflación.
Es el cuarto paro general que enfrenta la presidenta Cristina Fernández, convocado por algunos de los sindicatos más poderosos del país, que también buscan una demostración de fuerza ante los candidatos que aspiran a sucederla en las elecciones de octubre.
La protesta de 24 horas fue convocada por la Unión del Transporte Automotor (UTA), que representa a los choferes de autobuses de corta y media distancia, junto a los gremios de camioneros, ferroviarios, aeronáuticos y portuarios.
También adhieren bancarios y trabajadores enrolados en el ala más crítica de la Confederación General del Trabajo (CGT), como gastronómicos, judiciales, personal de estaciones de servicio y un sector de los empleados públicos.
Y dentro de la corriente sindical más afín al gobierno, el sindicato de metalúrgicos declaró la "libertad de acción" para sus afiliados.
A su vez militantes del partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) bloqueaban los principales accesos a la capital argentina.
Los huelguistas reclaman al gobierno que eleve el piso salarial a partir del cual un trabajador debe tributar ganancias. En la actualidad está fijado a partir de los 15.000 pesos (unos 1.700 dólares) al mes, lo cual afecta al 10 por ciento de los trabajadores en blanco, según el gobierno.
Los gremios aducen que ese impuesto es confiscatorio y que reduce todavía más al poder adquisitivo de los trabajadores con una inflación que en 2014 rondó el 35 por ciento.
El gobierno cree que la huelga tiene móviles políticos a siete meses de las elecciones presidenciales y ha descartado por ahora un cambio en el esquema del impuesto a las ganancias.
Según Patricio Giusto, director del instituto de investigaciones Diagnóstico Político, más que una forma de presionar a un gobierno saliente, la medida de fuerza es una señal para el que surja de las elecciones de octubre.
"Gane quien gane, el próximo presidente tendrá que ocuparse de esta situación", dijo Giusto. "Es inevitable si no quiere tener conflictos" con un gran sector de la población.