WASHINGTON (AP) — Activistas denunciaron el lunes a las autoridades estadounidenses por tolerar la discriminación de inmigrantes sin autorización al impedirles acceder a los mismos derechos y recursos disponibles para los trabajadores autorizados.
Cuatro organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dos mexicanos puedan regresar a Estados Unidos a litigar el trato recibido después de que sufrieran accidentes laborales cuando residían sin autorización en ese país.
Los activistas dijeron que los casos de estos dos mexicanos, que la CIDH admitió en 2011, son representativos de la vulnerabilidad en que se encuentran ocho millones de inmigrantes sin autorización que trabajan actualmente en Estados Unidos.
Marian Grove, funcionaria del Departamento del Trabajo, refutó que Estados Unidos discrimine sistemáticamente a los trabajadores sin autorización y exhortó a la CIDH a rechazar cualquier solicitud de los activistas sobre los dos mexicanos alegando que sus casos aún no agotan las instancias internas.
Ariana Watson, directora de la Transnational Legal Clinic de la University of Pennsylvania Law School, dijo que Leopoldo Zumaya y Francisco Berumen Lizalde residen actualmente en México sin visa estadounidense ni recursos económicos para defender legalmente sus derechos ante instancias estadounidenses.
Lizalde relató en un video durante una audiencia celebrada por la CIDH cómo fue deportado cuando esperaba recibir compensación tras fracturarse una mano al caer de un andamio mientras se desempeñaba como pintor en 2005 en Kansas.
Grove señaló que no hay evidencias de que la deportación ocurrió a raíz de la solicitud de Lizalde por compensación. Agregó que la justicia de Kansas no ha decidido sobre una posible compensación a Lizalde pese a su deportación, y agregó que el mexicano no ha solicitado visa humanitaria.
Zumaya, en tanto, se fracturó la pierna al caer de un árbol mientras recogía manzanas en Pensilvania, por lo que se sometió a tres intervenciones quirúrgicas para insertarle una placa de metal y seis tornillos en el tobillo y en la pierna.
Los activistas alegan que por su situación migratoria Zumaya se vio obligado a aceptar una compensación por 35.000 dólares, menos de la mitad del valor de su reclamo.
Los activistas desean que la CIDH declare a Estados Unidos en desacato de la Declaración Americana de Derechos Humanos por no garantizar el acceso pleno e igualitario a derechos y compensaciones laborales, según el estatus migratorio.
La CIDH celebró el lunes esta audiencia para escuchar alegatos de ambas partes en el caso de Lizalde y Zumaya antes de emitir su veredicto final, al que llama informe de fondo, probablemente durante 2015.
La Comisión celebrará esta semana en la capital estadounidense audiencias correspondientes a su periodo 154 de sesiones.