WASHINGTON (AP) — Una propuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que facilitaría la ubicación y registro cibernético de computadoras durante una investigación penal, ha suscitado preocupaciones constitucionales entre Google y grupos defensores de la privacidad, que temen que la iniciativa pueda tener implicaciones más amplias.
Los fiscales federales afirman que su propuesta para que el juez otorgue una orden de registro informático es necesaria debido a los usuarios que cometen delitos en el anonimato del internet al tiempo que ocultan sus ubicaciones, pero los defensores de los derechos civiles temen que el cambio a la norma —considerado por una comisión asesora federal— concedería al gobierno nuevas facultades más amplias para registrar vía cibernética las computadoras de todo el país.
La propuesta cambiaría las normas actuales en procedimientos penales que, con limitadas excepciones, permiten a los jueces autorizar órdenes de allanamiento de un inmueble sólo en los distritos en los que tienen su sede.
El gobierno afirma que esas reglas son obsoletas en una era en la que personas dedicadas a la pornografía infantil, el tráfico de narcóticos y otros delitos pueden ocultar sus paraderos en las redes informáticas que permiten el anonimato. Esa tecnología puede impedir o frustrar las acciones para lograr la ubicación geográfica de un sospechoso.
El Departamento de Justicia pretende que esas reglas sean cambiadas para que los jueces de un distrito donde han ocurrido "actividades delictivas" puedan aprobar órdenes de cateo cibernético en computadoras ubicadas en otros distritos.
El gobierno afirma que la flexibilidad es necesaria para los casos en los que es imposible para el gobierno ubicar la computadora implicada y necesita una orden judicial a fin de ingresar cibernéticamente en la máquina y para las investigaciones que implican botnets, redes de computadoras infectadas con un virus que se propaga en los diversos distritos judiciales.
"Existe un considerable interés público para atrapar y enjuiciar a delincuentes que utilizan las tecnologías que facilitan el anonimato, sin embargo ubicarlos puede ser imposible para las fuerzas policiales ante la falta de capacidad para que efectúen un cateo (cibernético) a distancia de la computadora de un criminal", escribieron abogados del Departamento de Justicia en un memorando en el que explican la necesidad de los cambios.
La comisión asesora que estudia la modificación de las normativas se reunirá ese mes.
La propuesta ha generado una intensa ofensiva de organizaciones defensoras de la privacidad como la Unión Americana para las Libertades Civiles, que sostiene que la modificación podría infringir el requisito constitucional de que una orden judicial de cateo sea solicitada específicamente para el inmueble que será registrado.