WASHINGTON (AP) — Agentes federales, en una redada que tenía como objetivo encontrar a los inmigrantes criminales más peligrosos, arrestaron a 15 personas a las que se les había permitido permanecer en el país mediante la orden ejecutiva del presidente Barack Obama, cuya principal intención era proteger a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, de acuerdo a fuentes cercanas a The Associated Press.
Catorce de los 15 arrestados habían sido condenados por un crimen, confirmó el jueves el Departamento de Seguridad Nacional. En al menos un caso, el gobierno de Obama renovó la protección para un joven inmigrante luego de que esa persona fuera condenada por un caso de drogas, informó un funcionario estadounidense enterado de los arrestos.
Uno de los requisitos para ser incluido en el programa es que los inmigrantes no tengan historial criminal. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a hablar tocar públicamente el tema.
No quedó claro de inmediato cuándo fue que 13 de los inmigrantes fueron condenados o por qué delito. Fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las respuestas a esas preguntas podrían dañar la integridad del programa gubernamental, debido a que la elegibilidad es reservada para inmigrantes jóvenes y ambiciosos inscritos a escuelas o que se graduaron y serán de beneficio para la sociedad estadounidense.
No se reveló el nombre de ninguno de los arrestados. Uno de ellos no tenía antecedentes penales, pero fue arrestado tras ser encontrado con una pistola, señaló el funcionario.
La vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Marsha Catron, dijo que ocho de los arrestados durante la redada habían tenido protección contra deportación en cierto momento, incluyendo tres a los que les fue revocada. Catron no dio detalles adicionales.
Según el programa de suspensión de deportaciones, conocido como DACA, se han otorgado permisos de trabajo a más de 675.000 jóvenes inmigrantes desde agosto de 2012, además de protegerlos contra una posible deportación.
"Con pocas medidas de detección de fraudes y sin revisiones de antecedentes efectivas, no sorprende que Inmigración y Aduanas arrestara a una decena de beneficiarios la semana pasada, la mayoría de ellos criminales convictos", dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, Bob Goodlatte. "Yo y otros miembros de la comisión hemos expresado durante años nuestra preocupación al respecto".
Goodlatte, republicano por Virginia, y otros miembros de su partido han criticado desde hace tiempo la acción ejecutiva de Obama en materia migratoria, y la han tachado de amnistía clandestina que soslaya al Congreso.
El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, el republicano de Iowa Charles Grassley, dijo que el caso "pone de manifiesto lo que parece ser un irregular y riesgoso proceso de investigación por parte de una administración que está muy interesada en encontrar maneras creativas y posiblemente anticonstitucionales de que la gente se quede en el país".
Catron dijo que Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos "está examinando estos casos para determinar el curso de acción adecuado, que podría incluir la negación o terminación de la protección contra deportación".
En la redada también fueron capturados cinco inmigrantes con solicitudes de protección pendientes y otros 19 a los que ya se les había rechazado su solicitud al programa de protección.
A inicios de la semana, la directora del ICE, Sarah Saldana dijo que la operación se enfocaba en "los criminales de peor tipo".
"Esta era una operación con el objetivo específico de mejorar la seguridad pública", manifestó Saldana.
"Ejemplifica nuestra misión principal. Al sacar a los criminales peligrosos de las calles y removerlos del país estamos atendiendo una muy importante vulnerabilidad para la seguridad pública".
Agentes del ICE arrestaron a 2.059 inmigrantes convictos, incluyendo a más de 1.000 que tenían varias sentencias. Más del 98% de los arrestados durante la operación de una semana eran una prioridad, aseguró Saldana.
En noviembre, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció nuevas prioridades de deportación como parte de la expansión planeada por Obama a los programas para proteger a millones de inmigrantes de la deportación.
La máxima prioridad incluye a inmigrantes sospechosos de terrorismo, miembros de pandillas, convictos de delitos graves y aquellos sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera. La segunda prioridad incluye a inmigrantes con al menos tres condenas por delitos menores o un solo delito menor de gravedad, tales como manejar en estado de ebriedad o violencia doméstica.
Documentos del Departamento de Seguridad Nacional dicen que la participación en el programa puede ser revocada en cualquier momento. Servicios de Inmigración y Ciudadanía, que aprueba las solicitudes, reportó a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes el año pasado que el gobierno removió esa protección a 113 personas en agosto. Las revocaciones incluyeron un caso de pertenencia a una pandilla, otro por ataque agravado, 11 por manejar intoxicado y 11 por errores de la agencia, de acuerdo con la comisión.
La expansión planeada por Obama a los programas de protección se ha visto detenida por un juez federal en Texas que dirime una demanda interpuesta por 26 estados para frenar tal esfuerzo. En febrero, el juez Andrew Hanen bloqueó de manera temporal los planes de expansión, que incluían otorgar protecciones y permiso de trabajo a los padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes legales permanentes. El jueves, el gobierno de Estados Unidos solicitó a una corte de apelaciones levantar temporalmente la suspensión de la expansión.