El gobierno del Presidente Obama informó hoy al Juez de Distrito de Texas que suspendió hace unas semanas la acción ejecutiva en inmigración, que pedirá a una Corte de Apelaciones que resuelva con urgencia el caso y que permita que se inicie el programa que beneficiará a millones de indocumentados.
El anuncio del gobierno no sorprende ya que lo normal cuando se da una apelación es ir ante un tribunal superior para que este resuelva sobre lo hecho por el juez inferior. Lo novedoso en este caso es que en su momento, cuando el Juez de Texas Andrew Hanen ordenó parar la implementación de la acción ejecutiva, el gobierno optó por apelar ante el mismo juez que había dictado la resolución. Básicamente, dándole la oportunidad al juez de que fuese él mismo quien revisara lo que había ordenado.
Lo que sucedió luego fue que el juez no pareció aceptar las razones de urgencia dadas por el gobierno para que más allá de los méritos de la demanda de los 26 estados contra la acción ejecutiva, al menos se dejara que el programa entrara en vigor.
Lo que el juez ordenó luego fue darle una oportunidad a los estados demandantes para que respondieran a lo expuesto por el gobierno. Los estados respondieron. En este momento el juez se supone que está estudiando la demanda de urgencia del gobierno para que se cancele su orden.
Al gobierno entonces, se le acabo la paciencia con el juez de Texas.
La apelación de urgencia se interpuso ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito con base en New Orleans. E el tribunal que tiene reputación de sentenciar en el lado conservador.
La principal razón que da el gobierno de Obama para insistir en la urgencia de poner en marcha la acción ejecutiva, es que la orden del juez pone en peligro la “seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad de la frontera”.
La idea es que una vez que la acción ejecutiva entre en vigencia, el gobierno estará en capacidad de disponer de los recursos de inmigración de la mejor manera. De “priorizar” -según el lenguaje de la acción ejecutiva- la deportación de personas con antecedentes criminales o que por alguna otra razón son prioritarias en estos objetivos de deportación.
Al no poder “priorizar” y tener los agentes de inmigración que andar buscando o dedicar su atención a todos los indocumentados en general, se descuida la frontera y la búsqueda de los indocumentados más peligrosos, sigue el razonamiento del gobierno. En otras palabras, se pone en peligro la seguridad pública y la seguridad nacional.
En la comunicación al juez de Texas, el gobierno explica también lo que hace pocos días se convirtió en un mini escándalo cuando los estados demandantes se quejaron de que el gobierno había de alguna manera comenzado a poner práctica lo de los beneficios a los indocumentados cuando que ya existía la orden del juez parando toda la acción ejecutiva.
Lo que el gobierno explica es que en efecto en un periodo entre mediados de noviembre y hasta que se conoció la orden del juez del 16 de febrero, se comenzó a aceptar solicitudes de los llamados “soñadores” -o ‘dreamers’ en inglés- que se beneficiaron con la acción ejecutiva del 2012 y que en este caso pedían una extension de su estatus migratorio. Según la nueva orden ejecutiva de Obama de ese noviembre precisamente, éstos jóvenes podrán ahora solicitar una extension de tres años -originalmente el programa era sólo por dos años-.
El argumento del gobierno es que la nueva acción ejecutiva no afecta a estos originales “soñadores” y que más allá de como termine el caso ante el juez de Texas -y eventualmente ante la corte de apelaciones de New Orleans- lo de la extension de sus beneficios será algo que siempre se aplicará (bien por tres años si la acción ejecutiva de noviembre termina ganando el juicio o en todo caso por dos años, si es que el gobierno pierde el juicio promovido por los 26 estados). En una frase, que no debería de haber tal escándalo ya que el gobierno no ha hecho nada extraordinario o fuera de la ley.
El gobierno igualmente, le deja claro al juez que se toma en serio la preocupación suya y de los estados sobre el tema y de que en la audiencia del próximo 19 de marzo explicará con mas detalle sus razonamientos legales.
Volviendo a la petición del gobierno para que la corte de apelaciones resuelva el caso con urgencia, el meollo del asunto está en cómo verán los jueces lo de si poner en marcha la acción ejecutiva será algo irremediable. Es decir, que aun si los estados ganan al final el juicio, ya será muy tarde para dar marcha atrás en lo que suceda en la vida real -que millones de indocumentados se beneficien y anden por ahí con documentos legales y demás.
El argumento de los estados demandantes -y que fue aceptado por el juez de Texas- es que en efecto, si la acción ejecutiva comienza a funcionar, no habrá marcha atrás. Que será muy difícil que esos millones de indocumentados que se beneficiarán regresen a su posición original de gente sin papeles.
El gobierno no habla mucho de esta posibilidad -de si se podrá regresar a los beneficiarios a su posición original de indocumentados- sino que pone el acento en los problemas que hoy se están ocasionando por no estar en vigencia la acción ejecutiva. Pero que además e igual de importante, es que está confiado en que tiene la razón sobre la legalidad de esta acción ejecutiva.
Por el momento entonces, todo sigue igual. La acción ejecutiva continúa congelada. Lo nuevo es que hoy la disputa legal pasa a un nuevo escenario. O al menos, la urgencia del pedido gubernamental para que, independiente del resultado del juicio, la acción ejecutiva comience a implementarse. La apelación formal será considerada por la Corte de New Orleans en un periodo de varios meses.