El gobierno del Presidente Obama le ha solicitado al juez de Texas que reconsidere su decisión de la semana pasada de parar la acción ejecutiva que favorecería a varios millones de indocumentados.
El gobierno le da de plazo al juez hasta el miércoles para que cambie de opinión. De no hacerlo, dice que irá ante un tribunal superior de apelaciones igualmente pidiendo que de urgencia se cancele la orden del juez.
Ha sorprendido un tanto que el gobierno haya ido ante el mismo juez que ordenó parar la acción ejecutiva cuando que perfectamente pudiera haber ido de una vez a la corte de apelaciones (con sede en New Orleans y con jurisdicción sobre el juzgado de Distrito de Texas). El propósito de recurrir ante el mismo juez es para darle oportunidad a que sea éste mismo magistrado el que rectifique su juicio basado en los argumentos del gobierno sin necesidad de que intervenga el tribunal superior.
El primer argumento que da el gobierno para pedirle al juez que levante su orden parando la acción ejecutiva es que el Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) necesita que esta acción ejecutiva entre en marcha para así “proteger la seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad de la frontera”.
Si la orden del juez no se levanta, sigue el argumento del gobierno, significará que el DHS, debido a que tiene recursos limitados, no podrá desarrollar las prioridades que se le han encomendado. Estas prioridades son deportar a la gente que es una amenaza a la seguridad pública (criminales) y/o a la seguridad del país, lo mismo que proteger la frontera.
En otras palabras lo que el gobierno argumenta es que en lugar de andar buscando indocumentados de a pie para deportarlos, indocumentados que trabajan, que son padres de familia, etc. -muchos de ellos además que se beneficiarán con la acción ejecutiva-, el DHS tiene que centrar sus esfuerzos en buscar a gente que ha cometido algún crimen o gente peligrosa para la seguridad del país. Siendo esto precisamente una de las motivaciones que dio origen a la acción ejecutiva.
Además, continua el argumento del gobierno, de no levantarse la prohibición del juez para que entre marcha la acción ejecutiva se le causará un daño irremediable al DHS, al público y a “terceros” (gente que podrán deportar). Daño, sigue el razonamiento gubernamental, que no se compara con los supuestos daños económicos que los estados demandantes (26) dijeron que sufrirían si se aplica la acción ejecutiva.
Cuando el juez emitió la orden de parar la acción ejecutiva, una de las razones que dio -alegada por los estados demandantes, en particular Texas- era que si la acción de Obama se implementaba, pronto irían cientos de miles de indocumentados a sacar su licencia de conducir. Actividad esta que le costaría mucho dinero a los estados, en el caso de Texas, más de $150 dólares por indocumentado.
“Cuando se comparan estos daños (los que se causarían si el juez no levanta su orden) con los daños financieros alegados por los demandantes, el balance de lo que es más dañino está decididamente en favor de levantar la orden”, detalla el gobierno en su petición. “Los daños alegados por los demandantes no son inminentes y está en su poder evitarlos”.
El segundo argumento del gobierno va al corazón de lo que al final de cuentas es la pelea sobre si Obama tiene el poder de hacer algo como la acción ejecutiva y de si cuando lo hizo cumplió las formas legales (les notificó a los estados, al público, etc.). Según el alegato del gobierno ante el Juez de Texas, este “no tiene autoridad” para haber parado la acción ejecutiva.
Y no tiene esta autoridad, primero debido a que los estados que demandaron no tienen derecho -‘standing’ es el término en inglés- de ser parte del juicio ya que la acción ejecutiva no les perjudica.
Segundo, porque lo hecho por Obama y su Secretario de Seguridad Interna “es un ejercicio de la autoridad discrecional de aplicar la ley” (decidir sobre cuáles son las prioridades en las deportaciones). Autoridad en la que no tienen nada que ver los estados y que tampoco está sujeta a las supuestas formas legales de comunicación que alegan los demandantes.
Por último, el tercer argumento de la petición del gobierno al juez de Texas es que lo que se decidió la semana pasada “excede vastamente” los supuestos daños que les causará a los estados la entrada en vigor de la acción ejecutiva. Que a lo mucho, la orden del juez quizá podría aplicarse a Texas pero no al resto de la nación. “Aun cuando amerita que se levante completamente la orden (por la que se detuvo la acción ejecutiva), a lo mínimo hay que dejarla únicamente para Texas”.
El gobierno cierra su argumento volviendo a la idea de que hay urgencia en todo esto debido al daño que se le causará al público al impedir que el DHS comience a procesar las solicitudes de los primeros que se beneficiarían con la acción ejecutiva. Que es por eso que le dan hasta el miércoles al juez para que cambie de opinión.
La bolita entonces está hoy en el campo del juez de Texas. Más allá de cómo decida sobre la petición del gobierno, lo que es claro es que la Casa Blanca no da un paso atrás en esto de la acción ejecutiva. Literalmente está dando la batalla en todos los frentes.
En lo judicial-legal, con sus argumentos sobre porque está equivocado el juez que paró la acción ejecutiva. En lo legislativo, con sus senadores demócratas no permitiendo que se pase el presupuesto del DHS si los republicanos no le quitan las enmiendas por las cuales intentan anular la acción ejecutiva. Y en la arena de la opinión pública, con el “Town Hall” o encuentro con la gente que Obama mismo tendrá este miércoles en la Florida (y que Telemundo transmitirá).