Phoenix (EE.UU.), 31 dic (EFE).- El 2014 fue un año decisivo para la comunidad inmigrante del estado fronterizo de Arizona, un año marcado por importantes victorias en las cortes que permitieron anular o limitar políticas estatales que por largo tiempo hicieron más difícil la vida de los "sin papeles" y sus familias.
"El movimiento antiinmigrante que experimentamos en Arizona comenzó en el año 2000. Tenemos 14 años luchando contra leyes inconstitucionales, hemos visto que muchas de estas legislaciones poco a poco, y una a una, han sido declaradas inconstitucionales", dijo a Efe el abogado y activista Daniel R. Ortega.
Una de ellas fue la que ratificó el pasado mes de noviembre la Suprema Corte de Justicia de los EE.UU., que respaldó la decisión de octubre de la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve, con sede en California, que falló contra la ley estatal de Arizona que negaba la posibilidad de pagar fianzas a inmigrantes indocumentados.
Como resultado de aquella norma, la ley 100, los inmigrantes "sin papeles" sospechosos de cometer un delito mayor, entre ellos el cargo de robo de identidad por trabajar con documentos falsos, pasaban meses en prisión a la espera de que sus casos se resuelvan, para después ser entregados a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) con miras a su deportación.
La ley estatal 100, impulsada por el entonces senador estatal Russell Pearce, fue aprobada en 2006 por los votantes en medio de una ola de propuestas legislativas contra los indocumentados.
El pasado mes de noviembre, la Corte Federal envió otro mensaje al estado de Arizona al fallar en contra de la ley estatal conocida como "anticoyote".
Esta legislación aprobada en 2005 fue utilizada por la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO), a cargo de Joe Arpaio, para presentar contra inmigrantes indocumentados detenidos cargos por tráfico humano si es que aceptaban que habían pagado dinero a "coyotes" para ingresar de manera ilegal a EE.UU.
Estas legislaciones en materia de inmigración que marcaron una era en Arizona fueron impulsadas por controvertidos personajes, como lo fue el referido exsenador estatal Russell Pearce, conocido como el "padre" de la ley de Arizona SB1070, la primera en el país en criminalizar la presencia de indocumentados que entró en vigor.
La SB1070, aprobada en 2010, entre otros aspectos otorgó a las fuerzas policiales locales el derecho a cuestionar el estatus migratorio de personas "sospechosas" de encontrarse de manera ilegal en EE.UU.
Este 2014, diferentes organizaciones civiles y activistas denunciaron prácticas de perfil racial en contra de miembros de la comunidad latina en Arizona a causa de la controvertida sección 2(b) de la SB1070, conocida también como la regulación "muéstrame tus papeles".
Tras meses de denuncias, y la posibilidad de demandas contra los cuerpos policiales, a principios de este mes el jefe de la Policía de la Ciudad de Tucson, Roberto Villaseñor, anunció que sus oficiales dejarían de aplicar la ley estatal SB1070.
Villaseñor aseguró que su decisión se basó en la orden ejecutiva del presidente Barack Obama, que otorga un alivio migratorio a cerca de cinco millones de inmigrantes indocumentados que tienen hijos ciudadanos o residentes de este país.
Los policías en Tucson sólo cuestionaran el estatus migratorio de las personas que sean detenidas por cometer delitos graves o que sean sospechosos de terrorismo, de acuerdo a Villaseñor.
El 2014 también estuvo marcado por significativos cambios en el modo de funcionar de MCSO, ya que todos sus oficiales, incluyendo el mismo alguacil Arpaio, debieron tomar cursos de entrenamiento para evitar practicas de segregación, como consecuencia de una orden de un juez federal en un caso de perfil racial en contra de esta dependencia.
La semana pasada, Arpaio dio a conocer también la desactivación de la unidad encargada de llevar a cabo redadas en contra de negocios donde se arrestaban con frecuencias trabajadores "sin papeles".
Casi al término del año, un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos negó una petición de emergencia de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, sobre la emisión de licencias de conducir a "soñadores", lo que permitió que desde el pasado 22 de diciembre los jóvenes de este estado amparados bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) empiecen a tramitar sus licencias.
"Este fue un año lleno de muchas batallas, muchas que fueron ganadas", dijo a Efe Erika Andiola, reconocida activista y cofundadora de la Coalición del Acta Sueño.
"Nos ha tomado mucho tiempo llegar hasta este punto, pero esperamos que sirva para seguir motivando a nuestra comunidad, porque la lucha aún no termina", finalizó.