WASHINGTON (AP) — La sesión del Congreso de Estados Unidos concluye con una división fuerte en torno a las leyes de inmigración y los republicanos temen que pagarán un precio muy alto en las elecciones presidenciales y del Senado de 2016.
Al no actuar el Congreso, la decisión del presidente Barack Obama de emitir una orden ejecutiva que puede suspender las deportaciones de millones de inmigrantes que están en el país ilegalmente es la única medida a nivel federal para hacer frente a lo que todo el mundo considera un sistema que no funciona. Muchos demócratas están convencidos de que los votantes hispanos los premiarán por la medida de Obama y castigarán a los republicanos.
"Si no hacemos un pago inicial con miras a una solución racional al tema de la inmigración en 2015 o principios de 2016, buena suerte en la conquista de la Casa Blanca", declaró el senador republicano Lindsay Graham, autor de una reforma integral a las leyes de inmigración aprobada por el Senado el año pasado con apoyo de los dos partidos, pero que quedó estancada en la Cámara de Representantes.
Cuando Obama consiguió un segundo período en 2012 con gran apoyo hispano, muchos líderes nacionales republicanos decidieron que tenían que promover políticas capaces de atraer al creciente bloque de votantes hispanos. El Comité Nacional Republicano dijo que una reforma integral a las leyes de inmigración sería una de los grandes principios del partido.
Los esfuerzos legislativos, sin embargo, se estancaron en la cámara baja, donde los republicanos más conservadores rechazaron los esfuerzos del líder de la mayoría John Boehner por sacar adelante el tema. La reciente crisis en torno a la llegada de decenas de miles de menores centroamericanos no acompañados desbordó los refugios y la capacidad de procesar sus casos, agotando los recursos y generando la impresión de que no había control en la frontera, lo que conspiró contra las perspectivas de una reforma legislativa.
Ante la inacción del Congreso, Obama prometió tomar medidas por su cuenta y cumplió su promesa poco después de las elecciones del mes pasado de mitad de término al anunciar una serie de ajustes que incluyen permisos de trabajo y la suspensión de las deportaciones por tres año para al menos cuatro millones de inmigrantes que viven en el país ilegalmente. La iniciativa cobija mayormente a las personas que llevan más de cinco años en el país y tienen hijos que son ciudadanos o residentes legales.
La medida causó profundo malestar entre los republicanos, que quieren anularla. El senador Ted Cruz incluso intentó impedir una votación en el Senado el fin de semana pasado.
El martes un juez federal de Pennsylvania declaró que la acción ejecutiva de Obama era inconstitucional, pero hay serias dudas de que la opinión del juez vaya a prevalecer.
El status de los 11 millones de inmigrantes que se cree están en el país ilegalmente será sin duda un tema importante para el Congreso de mayoría republicana que empezará a sesionar en enero, pero hay pocas expectativas de que los republicanos hagan otro intento por aprobar una reforma integral.
"Dispusieron de la mejor oportunidad en una generación y no consiguieron suficiente apoyo del bloque republicano", expresó Frank Sharry, director ejecutivo de America's Voice, una organización de defensa de los inmigrantes que están en el país sin permiso. "Es probable que tengan que perder la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso para que tengamos una reforma integral a las leyes de inmigración".