Ahora que el Presidente Obama anunció su orden ejecutiva que beneficia a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, ¿cómo responderán los republicanos?
¿Será que únicamente mostrarán su enojo y oposición a lo hecho por el mandatario con palabras fuertes de condena pero en la práctica no harán nada en particular? ¿Será que pondrán toda la carne al asador y además de la condena verbal implementen otro tipo de acciones en los tribunales o en el Congreso?
Lo cierto es que aun cuando los republicanos controlan ambas Cámaras del Congreso, no la tienen fácil en esto de cómo reaccionar ante el anuncio de Obama. Hay dos cosas que los limitan: una, la necesidad de no verse como enemigos de los latinos; y dos, el tampoco verse ante el resto de votantes como obstruccionistas, como gente que no deja gobernar y que por sus intereses partidarios no les importa si hay un cierre temporal del gobierno.
Una de las posibles acciones en respuesta a la orden ejecutiva de Obama es llevar el tema de inmigración al debate y negociación sobre el presupuesto de gastos del Estado. Hay sectores duros dentro de los republicanos que quieren que se utilice esta opción. El problema con ello es que el liderazgo un tanto más moderado del partido no comulga con esta idea debido a que la última vez que los republicanos hicieron algo similar -otoño de 2013- el público los tildó de responsables por el cierre del gobierno.
Lo que sí podrían hacer los republicanos es llevar la orden ejecutiva ante los tribunales. Demandar al presidente para que eventualmente la Corte Suprema sentencie que el mandatario se excedió en sus facultades constitucionales.
Ya en el pasado se han dado casos en los cuales la Corte deja sin efecto una orden ejecutiva de un presidente. La más conocida fue en 1935 cuando la Corte declaró nula la orden del Presidente Roosevelt de nacionalizar las minas de acero (habían serios conflictos laborales y el mandatario pretendía terminar con ellos).
En el caso de la acción ejecutiva de Obama no será tan fácil ganar una demanda argumentando que su decisión sobre inmigración excedió sus límites o poderes legales. Lo que el mandatario hizo fue simplemente ejercer su poder discrecional de decidir a quien se deporta, lo cual ha sido siempre una facultad del Poder Ejecutivo reconocida por los tribunales.
Con la acción ejecutiva Obama no está dando la residencia permanente a nadie que es indocumentado, ni la ciudadanía o cosa que se parezca que vaya contra la ley. Lo que hace es simplemente dar las coordenadas sobre a quien se deporta y a quien no (los millones de favorecidos con la orden ejecutiva).
Otra medida que a la que pueden acudir los republicanos es aprobar una legislación por medio de la cual se le quite el dinero a los programas del gobierno que lidiarán con la gente que se beneficie con la orden ejecutiva. Esos cuatro o cinco millones de indocumentados que se beneficiaran con la orden ejecutiva tendrán que hacer trámites con el gobierno, sacar permisos, etc., lo cual incluye del trabajo de empleados gubernamentales, sus salarios, los gastos de oficina, etc. El problema es que en papel es posible quitarle los fondos a estos programas, pero en la realidad es complicado.
El empleado “X” de inmigración que trabajará en estos programas es parte de un presupuesto mucho más complejo y grande -el del Departamento de Seguridad Interna- del cual no es tan simple separar lo que hace como actividad normal diaria y lo que supuestamente hará para atender los nuevos trámites y demás de los beneficiados con la orden ejecutiva. Pero, además, aun si los republicanos pudieran aprobar una ley con estas restricciones, el presidente de seguro la vetará (facultad constitucional del presidente).
Los republicanos también pueden hacer uso del juicio político o “impeachment”. Esto significa que el Congreso enjuicie al presidente bajo el argumento de que ha violado la ley con su orden ejecutiva. Esta es una medida extrema y es poco probable que los republicanos la utilicen.
Sobre si la orden ejecutiva puede ser revocada o cancelada en el futuro por un nuevo presidente, ciertamente que puede suceder. Hay varios ejemplos, para no ir muy lejos con Bill Clinton, quien dejó sin efecto una orden ejecutiva que dio en su momento Ronald Reagan por la cual no se podían utilizar fondos públicos para promover el aborto. Con todo, cuesta pensar que un presidente republicano se atreverá a dar marcha atrás a algo que afecta a millones de gentes y que igualmente se ubica en la consideración de que alejará a los republicanos de los latinos.
Lo que de seguro pasará es que habrá mucha retórica y que se le dirá de todo a Obama, pero en la práctica no sucederá mucho. Ciertamente que se envenenará el debate político y que es posible que hay poca o nula colaboración entre el Congreso dominado por los republicanos y un presidente que en sus últimos dos años en el poder estará de todos modos limitado en lo que pueda hacer (todo el mundo comienza a pensar más en el presidente que viene que en el que está por irse).
Una buena comparación de lo que sucederá con la orden ejecutiva -y los millones que se beneficiarán- es lo que ha pasado con el llamado TPS, el programa de alivio temporal a gente de Honduras, El Salvador y otros países. Con el tiempo, y más allá de si el mandatario es republicano o demócrata, el programa se ha ido extendiendo siempre. Nadie tiene el coraje político -o la insensatez o falta de visión- para cancelar el programa. Más allá de la rabia y el enojo de los republicanos, es casi seguro que esos seres humanos que hoy saltan y lloran de alegría por la orden ejecutiva se quedarán por siempre en el país.