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Plan de inmigración del presidente Barack Obama tiene precedentes

Plan de inmigración del presidente Barack Obama tiene precedentes

WASHINGTON (AP) — La esperada orden ejecutiva del presidente estadounidense Barack Obama para proteger de la deportación a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos tiene precedentes, ni más ni menos que de presidentes republicanos.

 

Dos de los últimos tres presidentes republicanos —Ronald Reagan y George H.W. Bush— hicieron lo mismo al extender amnistía a familiares que no estaban cubiertos bajo la última reforma importante a la ley de inmigración, de 1986.

 

No hubo entonces explosiones políticas comparables con las que amenazan con provocar ahora los propios republicanos.

 

Bajo la influencia del movimiento ultraderechista Tea Party, el Partido Republicano promete reaccionar enérgicamente si y cuando Obama cumpla su promesa. El presidente quiere extender la exención de deportación a millones de padres y cónyuges de ciudadanos y residentes, así como ampliar su programa, en vigor desde hace dos años, que protege a los inmigrantes traídos al país cuando eran niños.

 

"La temeridad de este presidente que se cree capaz de destruir de un plumazo el imperio de la ley me resulta incomprensible", dijo el representante Steve King, republicano por Iowa, quien se opone de plano a cualquier flexibilización de la ley inmigratoria. "Es anticonstitucional, es cínico y es contrario a la voluntad del pueblo estadounidense".

 

Estos sentimientos vehementes son comunes entre los legisladores republicanos. Los líderes del partido advierten que una orden ejecutiva de Obama "envenenaría el pozo" e iría en contra de la disposición republicana de colaborar con el presidente durante sus dos últimos años de mandato.

 

Algunos republicanos han mencionado la posibilidad de un juicio político.

 

Hace casi tres décadas, casi no hubo objeciones cuando Reagan y Bush utilizaron su autoridad para dar amnistía a cónyuges e hijos menores de inmigrantes beneficiados por la ley de 1986.

 

Ese año, el Congreso y Reagan aprobaron una reforma amplia que dio estatus legal a unos tres millones de inmigrantes que carecían de autorización para estar en Estados Unidos si habían llegado antes de 1982. Sus cónyuges e hijos que hubieran llegado posteriormente no estaban cubiertos por la ley, lo cual provocó protestas de que la norma dividía a las familias.

 

Los esfuerzos iniciales en el Congreso para enmendar la ley fracasaron. En 1987, el jefe del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS por sus siglas en inglés) designado por Reagan anunció que los hijos menores de los padres amnistiados por la ley estarían protegidos de la deportación.

 

Los cónyuges e hijos de parejas en la que uno de los padres estaba cubierto por la ley pero el otro no podían ser deportados, lo cual dio lugar a los intentos de enmendar la ley de 1986.

 

Tal como sucede hoy, en 1989 el Senado aprobó una medida para extender el estatus legal a las familias, pero la cámara baja no la discutió. A través del INS, Bush propuso una política de "justicia familiar" que ponía en vigencia la medida del Senado. El Congreso la convirtió en ley a fines de ese año como parte de una reforma inmigratoria más amplia.

 

"El paralelismo es notable", dijo Mark Noferi, de la organización defensora de inmigrantes American Immigration Council. "El señor Bush fue generoso aquella vez. Protegió al 40% de la población no autorizada. En ese entonces eran 1,5 millones. Hoy serían 5 millones".

 

Sin embargo, un abogado que asesoró al entonces senador Alan Simpson, republicano por Wyoming, en la elaboración de la ley de 1986 y el seguimiento de 1990, dijo que la medida de Bush no despertó controversia porque los legisladores habían dicho claramente que se ocuparían del asunto.

 

No es lo que sucede ahora.

 

"Bush padre tomó esa medida, pero no es como si el Congreso estuviera legislando en contra", dijo el abogado Carl Hampe, de la firma especializada en cuestiones inmigratorias Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy. "La diferencia ahora es que no hay un camino claro para una disposición legislativa que resuelva la situación del tipo de beneficiarios a los que apunta la orden del presidente".

 

Obama podría anunciar su medida en pocos días y ésta cubriría hasta 5 millones de personas. Se espera que, al igual que Bush, extienda la protección a familiares de ciudadanos o residentes permanentes.

 

"Es evidente que tiene la plena autoridad legar para emitir esas órdenes", dijo el representante demócrata tejano Joaquín Castro. Los republicanos, añadió, "no objetaron en el pasado cuando presidentes republicanos emitieron órdenes similares. Esto es puro teatro político".

 

La medida de Obama no otorgaría estatus legal a sus beneficiarios, pero los protegería temporariamente de la deportación y les daría la posibilidad de obtener un permiso de trabajo.

 

"Siempre hay algún precedente para la discrecionalidad fiscal", dijo el representante republicano Trent Franks, de Arizona. "Pero lo que este presidente llama discrecionalidad fiscal equivale a hacer pedazos la Constitución en la Casa Blanca".

 

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, no ha llegado al punto de amenazar con el uso del poder presupuestario del Congreso para frustrar una medida ejecutiva de Obama. Su prioridad es evitar un cierre del gobierno, pero ha dicho claramente que si Obama cumple con su amenaza, los republicanos le cobrarán un alto precio.

 

"Todo gobierno necesita esto y aquello, necesita toda clase de cosas", dijo Boehner el jueves. "Si él quiere actuar por su cuenta, hay cosas que no va a conseguir".