Por Carlos Rajo
La desaparición de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero cumple hoy tres semanas y se ha convertido en la crisis política y de seguridad más grave del gobierno mexicano.
Pareciera que las ambiciosas e históricas reformas conseguidas por el Presidente Enrique Peña Nieto han pasado a un segundo plano. Muy poco se habla por ejemplo de la reforma al sector energético -con la que se permitirá la participación del capital privado en la extracción del petróleo- y mucho se habla en cambio, de lo increíble que es el hecho de que 43 jóvenes estén desaparecidos y el Estado mexicano en toda la extensión de la palabra simplemente no tenga una respuesta sobre dónde están los estudiantes.
La crisis de Guerrero sin embargo, o de Iguala para ser más precisos, que es el nombre del municipio de donde se llevaron a los estudiantes en la noche del 26 de septiembre, no sólo afecta al mandatario mexicano sino también a la oposición política.
Sucede que Guerrero es gobernado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). Aún peor, José Luis Abarca, alcalde de Iguala -hoy fugado y supuestamente con alguna responsabilidad en las desapariciones- es también hombre del PRD. O al menos, alguien que llegó al poder bajo el cobijo del PRD.
Valga la mención de este detalle de que el alcalde llegó al poder gracias al PRD, debido a que es uno de los tantos factores -menor si se quiere, pero al final ilustrativo de todo el lodo que lo de Iguala está sacando a la superficie- que hoy se cuestionan sobre el partido de oposición de izquierda.
Pablo Gómez, veterano político y fundador del PRD, señala que “mantener dentro del partido casi a cualquiera”, aunque su conducta sea reiteradamente contraria a los postulados y programas del partido, es “incorrecto” y una de las cosas que han llevado al PRD “al descrédito”.
Esto de Iguala y la izquierda mexicana salpica incluso al propio líder y ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien aunque ya no pertenece al PRD sigue ejerciendo influencia política nacional, particularmente en los estados donde gobierna la izquierda. Sucede que el “padrino político” del alcalde de Iguala -quien lo apoyó y en su momento literalmente lo impuso como candidato- es un individuo que hasta ayer era el secretario de Salud de Guerrero y hombre cercano a López Obrador.
Este secretario de Salud -Lázaro Mazón- debió renunciar, o lo hicieron renunciar, debido precisamente a la crisis de los estudiantes desaparecidos. Según el gobernador de Guerrero, Lázaro Mazón deberá explicar la relación que “tenía, (o) tenga” con José Luis Abarca.
Hoy los críticos de López Obrador le piden que si de veras está interesado en el caso de Iguala, debería también explicar “qué le vio al padrino político del alcalde prófugo” para “haberlo destapado como su gallo a la gubernatura en las elecciones de 2015”, tal lo dicho por Carlos Marín en el diario Milenio.
Más allá de lo del alcalde y el supuesto deterioro moral del PRD o lo que hizo o no hizo López Obrador, el gran elefante blanco en el cuarto del PRD es el propio gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Lo de Iguala, aunque una responsabilidad también del gobierno federal, es antes que nada un problema del gobierno estatal. Las críticas contra el gobernador suben de intensidad cada día -hoy hubieron masivas protestas en el puerto de Acapulco-, no sólo porque ha permitido el deterioro de la situación de inseguridad en el estado, sino porque además toleró lo que sucedía en Iguala. Él mismo ha admitido que habían indicios fuertes de la influencia del crimen organizado sobre la policía y el alcalde. No sería extraño que en cualquier momento el gobernador perredista se haga a un lado -o lo hagan a un lado. Con su salida sin embargo, no se terminará la crisis generada por la desaparición de los 43 estudiantes.
Y aquí volvemos a lo que es la gran crisis política del gobierno mexicano del presidente Peña Nieto. Tanto desde afuera del país -clave por lo de las posibles inversiones que se espera lleguen a la industria del petróleo- como desde la opinión pública local, es del mandatario quien se espera acción. Sus críticos en la izquierda independiente hablan de un gobierno que “no ha mostrado oficio político, capacidad de respuesta ni visión estratégica ya que ha quedado bajo pasmo, aterido, estupefacto” ante lo sucedido en Iguala, tal lo señalado por Julio Hernández López en el diario La Jornada.
Otros críticos, en este caso más al centro del panorama político y quienes en otras ocasiones han aplaudido lo hecho por Peña Nieto, cuestionan también la falta de oficio del gobierno para lidiar con la magnitud del problema de Iguala. “El gobierno del acuerdo, la coordinación y los resultados aparece dando palos de ciego. Nada se sabe de los 43 desaparecidos. El castigo es para los policías de a pie. Nada se sabe de los presuntos responsables”, comenta para el caso Ciro Gómez Leiva.
“Con los 43 desaparecidos está terminando la creencia generalizada de que hay un gobierno eficaz, triunfador, exitoso, chingón”, añade el influyente columnista y conductor radial.
Independiente de si se acaba la imagen de un gobierno triunfador y demás, cada día que pasa y no aparecen los 43 estudiantes sirve de recordatorio de la influencia del crimen organizado en México y de su penetración en la política local (una de las hipótesis de la investigación es que fue el crimen organizado o ‘el narco’ el que ordenó a la policía de Iguala el secuestro de los estudiantes). Y por supuesto, un recordatorio también de la impotencia del gobierno para explicar dónde están los estudiantes y para dar con los responsables de su desaparición.