Por DANIEL ZADUNAISKY y ALMUDENA CALATRAVA
BUENOS AIRES (AP) — El ex general Jorge Rafael Videla, líder de una junta militar que mató a miles de argentinos durante una guerra sucia para eliminar a llamados "subversivos", falleció el viernes en la cárcel donde cumplía cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Tenía 87 años.
El director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, confirmó el deceso del ex dictador, que gobernó Argentina desde el golpe de estado de 24 de marzo de 1976 hasta 1981.
Videla fue hallado sin vida en su celda de la penitenciaría de Marcos Paz, informó el servicio penitenciario. "Se lo encontró en su celda sin pulso ni reacción pupilar, por lo que se le realiza un ECG (electrocardiograma) constatándose su óbito, siendo las 08.25 horas del día de la fecha", señaló un parte médico.
El ex presidente de facto cumplía dos condenas: una de prisión perpetua y otra a 50 años de cárcel, en el penal situado unos 50 kilómetros al oeste de Buenos Aires. La pena a cadena perpetua la cumplía por el asesinato de 31 disidentes políticos. Un tribunal federal de la ciudad de Córdoba, a unos 700 kilómetros de Buenos Aires, lo halló penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos, homicidio calificado y tormentos seguidos de muerte. Debió cumplir la pena en una cárcel común.
La segunda condena a 50 años lo responsabilizaba del robo de hijos de personas desaparecidas por los militares a su mando y que luego eran entregados a familias afines al régimen militar de 1976-1983.
Al morir, estaba siendo juzgado en la capital argentina por un tribunal federal junto a más de 20 imputados por violaciones a los derechos humanas cometidas en el marco del Plan Cóndor, como se denominó al acuerdo que sellaron en los años setenta las dictaduras sudamericanas para perseguir a opositores políticos en la región.
Gastón Chillier, director ejecutivo de la entidad humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo a The Associated Press que Videla simbolizaba el "terrorismo de Estado practicado en la última dictadura" y que las dos condenas que recibió representan "la consolidación del sistema de justicia para los crímenes de lesa humanidad implementado por los tribunales nacionales, un proceso que otros países de América Latina están llevando adelante".
Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, la organización que busca a cientos de niños robados en la dictadura, dijo que "la historia evaluará el genocidio y el oprobio de la dictadura cívico-militar que Videla encabezó y de lo que no se arrepintió".
"Ya acá fue juzgado y condenado", señaló De Carlotto en declaraciones a radio Continental, y consideró que a pesar de estar bautizado, haber tomado la comunión y haber comulgado el ex dictador "no irá al cielo" porque "a pesar de lo que diga el hombre en la tierra, el que está arriba dirá otra cosa".
El premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel dijo a la radio La Once Diez que Videla se pasó la vida "haciendo mucho daño y ha traicionado los valores de todo un país". Sin embargo, el activista humanitario, que estuvo preso dos años durante la dictadura y recibió el Nobel 1980 por su lucha a favor de los derechos humanos, aclaró que no le alegra "la muerte de nadie".
El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, señaló que el Estado "ha podido reparar la mayoría de los crímenes que han cometido" Videla y otros represores que fueron condenados en los últimos años, cuando el gobierno de la presidenta Cristina Fernández y el de su antecesor y difunto marido Néstor Kirchner (2003-2007) impulsaron los juicios por delitos de lesa humanidad que habían quedado paralizados por dos leyes de amnistía de 1986 y 1987.
Jorge Rafael Videla, descendiente de militares que combatieron en la guerra de la independencia contra España, nació el 2 de agosto de 1925 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Su padre, el teniente coronel Rafael Videla, participó en un golpe de estado contra el entonces presidente constitucional Hipólito Yrigoyen en 1930.
Siguiendo la tradición familiar, Videla ingresó al colegio militar, del cual salió con el grado de subteniente en 1944. Ascendió a general en 1971 y fue designado comandante en jefe del ejército en 1976. Se casó con Alicia Raquel Hartridge en 1948; el matrimonio tuvo siete hijos.
Videla llegó al poder el 24 de marzo de 1976 al frente de un golpe militar que derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. La Argentina vivía una situación de extrema inestabilidad política, con un gobierno ineficiente presionado por la crisis económica y una ola interminable de secuestros y asesinatos, perpetrados tanto por guerrillas urbanas autodenominadas trotskistas o peronistas (ERP y los Montoneros), como por comandos de ultraderecha.
El gobierno de Martínez de Perón, cuyo mandato finalizaba ese mismo año, había encomendado a los militares la "aniquilación" de las guerrillas y lanzado el llamado "Operativo Independencia", una ofensiva contra el ERP en la provincia norteña de Tucumán.
El gobierno militar, denominado oficialmente "Proceso de Reorganización Nacional" y conocido hasta hoy como "el proceso" como sinónimo de la dictadura, continuó esa ofensiva, pero a la vez disolvió el parlamento, prohibió la actividad política e intervino los sindicatos. Los partidos de izquierda, legales durante el período constitucional, fueron declarados fuera de la ley.
Según diversos cálculos, entre 9.000 y 30.000 personas fueron secuestradas y probablemente muertas por las fuerzas militares: son los llamados "desaparecidos", un término que ha quedado incorporado al léxico político internacional.
"Los desaparecidos no están, no existen" dijo Videla en una conferencia de prensa en 1977, cuando las voces de las Madres de la Plaza de Mayo y de los defensores de los derechos humanos apenas empezaban a escucharse.
Uno de los hitos del gobierno de Videla fue la "Operación Cóndor", el pacto entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay para colaborar en la represión. Así estrechó vínculos con otros dictadores de fuste como Augusto Pinochet en Chile y Alfredo Stroessner en Paraguay.
En 1981, Videla pasó a retiro y entregó la presidencia al general Roberto Viola. Para entonces, el gobierno se debilitaba, acosado por una inflación persistente, el crecimiento explosivo de la deuda externa y la falta de crecimiento económico. La dictadura, dirigida por sucesivos jerarcas militares, se prolongó hasta 1983.
Tras el regreso de la democracia en 1983, Videla fue condenado junto a otros ex presidentes militares a prisión perpetua en un juicio histórico que se celebró en 1985. También fue destituido de su grado militar.
En su alegato final en ese juicio, el fiscal Julio Strassera dijo acerca de Videla que "su rol protagónico en la instauración y mantenimiento del aparato delictivo que estamos denunciando resulta innegable. Era el comandante en jefe del ejército —que tenía la responsabilidad primaria en la lucha contra la subversión— y uno de los artífices principales en la metodología represiva que aquí enjuiciamos".
Videla cumplió únicamente cinco años de prisión. En 1990, el entonces presidente Carlos Menem lo indultó junto a otros jerarcas militares y guerrilleros que también cumplían condenas. En 1998 regresó brevemente a prisión, imputado por un juez por el robo de bebés hijos de desaparecidos, hasta que se le concedió el derecho al arresto domiciliario por su avanzada edad.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), la Corte Suprema declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, así como los indultos, y se reanudaron los juicios contra los represores. En 2008 Videla perdió el beneficio del arresto domiciliario que había recibido por los casos de robo de bebés y fue trasladado a la cárcel de Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires.
Luego, recibió las condenas a cadena perpetua por la tortura y desaparición de los 31 disidentes en 2010 y la de 50 años por el hurto de los niños de desaparecidos en 2012.
Este último juicio fue considerado histórico porque reconoció que no se trató de un abuso aislado. Como hecho único entre todas las dictaduras latinoamericanas, la estrategia de represión ilegal en Argentina incluyó una política sistemática de sustracción de hijos de disidentes políticos que nacieron en cautiverio y fueron entregados a familias afines a la dictadura, que los adoptaron ilegalmente.