Por Carlos Rajo
El Norte, diario publicado en Monterrey, Nuevo León, considerado un pionero del periodismo mexicano de investigación y de denuncia contra la corrupción, fue objeto este domingo de otro ataque que originó un incendio en las instalaciones de uno de los suplementos del matutino. Este es el tercer atentado contra el diario en menos de tres semanas.
En este México donde han muerto 67 periodistas en los últimos seis años, pareciera que el atentar contra un diario, aun si es en tres ocasiones, no es gran cosa. Aún más, cuando nadie murió en tales atentados. La ferocidad de la llamada “guerra contra el narco” ha sido tal -más de 50 mil muertos desde 2006- que el que se tiren un par de granadas o se incendie una de las oficinas del periódico no debería llamar mucho la atención.
Lo de El Norte, sin embargo, es un tanto diferente a la mayoría de atentados contra los periodistas o la prensa mexicana en general.
En la mayoría de casos se atenta contra periódicos, radios y televisoras relativamente pequeños y casi siempre en las zonas del norte del país y en especial cerca de la frontera (una excepción a la regla es Veracruz, donde sin ser del Norte o de la franja fronteriza, se han matado a varios periodistas). Es común, además, que estos ataques dejen víctimas mortales.
El Norte es no sólo un diario de importancia -el más grande y el de más influencia- en Monterrey, nada menos que la gran ciudad industrial de México y en donde están basadas varias de las compañías internacionales que operan en el país, sino que además es parte del poderoso Grupo Reforma. Este Grupo publica en el Distrito Federal el diario Reforma, para algunos el más influyente periódico de México.
Oficialmente, no se sabe ni quién está detrás de los atentados ni cuáles son los motivos de los mismos. La Secretaría de Gobernación de México condenó el lunes el último atentado y ofreció dar toda la ayuda que sea necesaria en la investigación de los hechos y protección a los periodistas. Como es costumbre en México con estos atentados, nadie espera que se resuelva nada, al menos en términos oficiales.
La organización Articulo 19, un ente no gubernamental que opera en México y en varios otros países en defensa de los periodistas y la libertad de expresión, condenó también el atentado, recordando que es el sexto contra instalaciones de El Norte en menos de dos años. Artículo 19, llamó la atención sobre el hecho de que las autoridades siguen sin informar si han hecho algún avance en las investigaciones de los dos primeros atentados de este mes contra los otros locales del diario.
Normalmente en México cuando se atenta contra un periodista o un medio, se asume como primera línea de investigación que es el narcotráfico el que está detrás de los ataques. En este caso de El Norte, por no haberse atentado directamente contra los empleados del diario (no obstante que estaban ahí en las instalaciones, que no son las centrales del diario sino las de un suplemento llamado Sierra Madre ubicado en el barrio residencial de San Pedro Garza García) parecería que es otro grupo el de los ataques. El narco, además, casi nunca se mete con la gran prensa mexicana.
Según ejecutivos de Reforma -que como se dijo incluye a El Norte-, citados por el diario Los Angeles Times, los atentados contra el diario tendrían su origen en unos artículos que publicaron recientemente en los cuales destaparon una red de corrupción donde alguien se había robado 175 mil placas de automóvil del estatal Instituto de Control Vehicular las cuales habrían sido utilizadas para “blanquear” automóviles también robados (o sea, utilizar estas placas en vigencia para realizar cualquier acto delictivo).
El primero de los ataques contra El Norte (en todos los casos han sido contra sucursales del diario o sedes de alguno de sus suplementos) se produjo un día después de que apareció el reportaje sobre el robo de vehículos. Más tarde, alguien que se identificó como miembro del cartel de los Zetas llamó al diario advirtiéndoles que pronto recibirían otro “mensaje”. Minutos después, se dio el segundo ataque, en este caso en una sucursal en el municipio de Guadalupe en las afueras de Monterrey, con ráfagas de fusil y el lanzamiento de una granada.
Nadie sabe si era cierto que quien llamó pertenecía en efecto a los Zetas. Lo que si es cierto es que se dieron los ataques y que el grupo armado, que originalmente se dedicaba únicamente al narcotráfico, en los últimos años ha extendido su brazo a varias otras actividades ilegales –como, por ejemplo, el tráfico de personas-. Lo de los vehículos y/o placas robados no tendría nada de extraño entonces que tuviera que ver con ellos.
Según Alejandro Junco, el patriarca familiar dueño del Grupo Reforma, México enfrenta una serie de carteles u organizaciones criminales de las cuales el narcotráfico es sólo una minoría. “A no ser que reconozcamos la profundidad y el tamaño de los problemas que enfrentamos”, señaló Junco al LATimes, el país se sumirá “más y más profundo en la ilegalidad”.
Más allá de si son los Zetas los que están detrás de los ataques a El Norte, lo que es claro es que aun sin muertos lo sucedido al periódico de Monterrey envía un mensaje nada agradable a la prensa mexicana. Si se puede callar a un diario de los recursos y la influencia de El Norte, cualquiera puede también ser silenciado.
El Norte y Reforma planeaban publicar en primera plana un editorial (la posición institucional del periódico) en el cual dejaban claro que aun con las amenazas y atentados continuarían con la cobertura de las actividades del crimen organizado. Al parecer, según el recuento del LATimes, a último momento, por recomendación de sus asesores de seguridad, el Grupo Reforma decidió no publicarlo. Ambos diarios, sin embargo, han continuado con la cobertura tanto del caso de los vehículos y placas robados así como del crimen organizado en general.
Como lo recuerda Artículo 19 y otras organizaciones que vigilan por la integridad de los periodistas y la libertad de expresión en México, cada vez que se habla de ataques, atentados y similares contra la prensa, el denominador común es que nunca se hace una efectiva investigación. Nunca se detiene, se juzga o se condena a nadie.
“La situación generalizada de impunidad de los delitos contra la libertad de expresión termina por infundir mayor confianza a sus responsables e instigadores e incrementar significativamente la incidencia de estos delitos”, concluye Artículo 19. En otras palabras, el que no se castigue a nadie resulta no sólo en periodistas silenciados sino en matones envalentonados.