PHOENIX (AP) — La nueva y severa ley de inmigración de Arizona fue sometida el jueves a un nuevo escrutinio legal en un tribunal repleto, donde una jueza federal sopesaba si la controvertida disposición debe entrar en efecto esta semana.
La jueza Susan Bolton no emitió un fallo después de dos audiencias en la corte, derivadas de demandas interpuestas contra la ley, la cual ha reavivado el debate nacional sobre la inmigración.
Las audiencias atrajeron una atención considerable. Tanto la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, como el principal abogado del Departamento de Justicia federal en el estado asistieron al tribunal, junto con decenas de espectadores.
Siete opositores a la ley fueron detenidos después de que se sentaron en la transitada intersección de dos avenidas frente al tribunal. Ahí desplegaron una manta que advertía en inglés: "No cumpliremos", en referencia a la nueva disposición.
Las partes inconformes han pedido a Bolton impedir que la ley entre en vigencia, mientras atiende las diversas demandas que cuestionan la constitucionalidad de la medida.
La legislación requiere que los agentes de policía, al hacer cumplir otras leyes, revisen el estatus migratorio de una persona si existen sospechas razonables de que se encuentra en el país ilegalmente. También prohibe a los indocumentados solicitar trabajo en zonas públicas.
Quienes están en contra de la ley advierten que llevará a que las autoridades detengan a la gente sólo por su raza o apariencia étnica. Añaden que la medida pisotea los derechos de cientos de miles de indocumentados en Arizona.
Los que la apoyan señalan que constituye una respuesta necesaria para combatir los diversos problemas que genera la inmigración ilegal, ante la incapacidad del gobierno para resguardar la frontera.
Bolton, nominada por el ex mandatario Bill Clinton, pidió en repetidas ocasiones que el abogado del Departamento de Justicia federal, Edwin Kneedler, explicara la forma en que algunas cláusulas específicas de la ley se entrometían en la autoridad federal, como él mismo ha argumentado.
"¿Por qué Arizona no puede ser tan inhospitalaria como quiera con la gente que ha ingresado a Estados Unidos en forma ilegal?", inquirió la jueza.
Sin que ningún abogado diera pie a ello, la jueza habló de los problemas cotidianos que genera la inmigración ilegal en Arizona. Recordó que el gobierno federal debió colocar carteles en una zona rural del sur de Phoenix, para advertir a los visitantes sobre el paso de traficantes de drogas e indocumentados por terrenos públicos.
Destacó también las frecuentes noticias publicadas en la prensa de Arizona sobre las casas que usan los traficantes para ocultar a los indocumentados.
"Es difícil que pase un día sin que se encuentre en Phoenix un lugar donde haya numerosas personas ocultas", dijo Bolton.
Kneedler dijo que la ley, al ordenar que los agentes verifiquen el estatus migratorio de la gente, fija una política obligatoria que va más allá de lo requerido por el gobierno federal, y podría saturar de trabajo a la agencia federal que debe responder a las solicitudes de información sobre ese estatus.
El abogado John Bouma, quien representa a Brewer, dijo que el gobierno federal quiere mantener su autoridad y simultáneamente hacerse de la vista gorda ante los indocumentados.
"No es posible detenerlos si no se tiene información sobre ellos. El gobierno (federal) no quiere saber de ellos", dijo.
Brewer confió en que la ley estatal se mantendrá, pues Bolton "evidentemente entiende los peligros que enfrentan los habitantes de Arizona en relación con el tráfico de indocumentados".
Durante la audiencia matutina, Bolton habló a los abogados de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Les dijo que sólo puede contemplar la posibilidad de impedir la aplicación de partes de la ley, no de todo el estatuto, como había solicitado la ACLU.
El abogado de la ACLU, Omar Jadwat, dijo que las cláusulas de la ley están diseñadas para funcionar en conjunto a fin de alcanzar una meta, la de obligar a los indocumentados a marcharse del estado. Consideró que la ley es anticonstitucional y peligrosa.
La mayor controversia sobre la legislación se centra en disposiciones sobre detenciones y arrestos, nuevos delitos vinculados a los indocumentados y el requisito de que los inmigrantes lleven y presenten sus documentos migratorios.
Otras partes de la ley que reciben poca atención tienen que ver con la incautación de vehículos y sanciones al empleo de indocumentados.
Bouma dijo a la jueza que quienes objetan la legislación no han demostrado que alguien sufriría perjuicios reales de entrar ésta en vigencia y que deben demostrarse hechos y no conjeturas.
Desde que la gobernadora Brewer firmó la ley el 23 de abril, partidarios y oponentes de ésta se han manifestado en Arizona y otros lugares del país. Algunos oponentes han pedido un boicot turístico al estado.