CIUDAD DE MÉXICO.– Diana Gabriela Aranguren no podía creer lo que decían los noticieros. Dice que miraba la pantalla del televisor, una y otra vez, tratando de comprender cómo era posible que su amigo había sido asesinado.
“Acababa de hacer una publicación en Facebook a las 6:00 de la tarde para participar en una actividad y después comenzaron las noticias de la tragedia”, explica Aranguren, maestra y activista ambiental, sobre el asesinato de Oscar Eyraud Adams, líder indígena mexicano que fue ejecutado el 24 de septiembre de 2020 en Tecate, Baja California.
Eyraud Adams luchaba por el derecho al agua de los Kumiai, su pueblo indígena que ha sido muy afectado por la explotación desmedida de los acuíferos de la región por parte de grandes empresas cerveceras y vitivinícolas.
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Su texto en redes sociales, que fueron las últimas palabras que escribió en vida, era una convocatoria para un evento llamado “Buscando lluvia en el desierto”. Un grupo de hombres armados entraron a su residencia y lo mataron a balazos, lo único que se llevaron fue su celular y una libreta con sus apuntes. Al menos 13 casquillos de bala, de diferentes calibres, fueron encontrados por las autoridades en la escena del crimen.
“Uno jamás piensa que defender nuestro derecho al agua y a la vida te va a llevar a la muerte. En México, las personas que defienden su territorio y los recursos naturales están siendo asesinadas, nos desaparecen y nos criminalizan”, advierte Aranguren en una entrevista con Noticias Telemundo.
El caso de Eyraud Adams, y muchos otros, son analizados en Última línea de defensa. Las industrias causantes de la crisis climática y ataques contra defensores de la tierra y el medioambiente, el último informe de Global Witness, una organización de derechos ambientales que alerta sobre el aumento de las agresiones contra los activistas.
En 2020 se registraron 227 ataques letales, lo que constituye un aumento en las cifras históricas porque, hasta ahora, 2019 era el año más letal con 212 asesinatos.
Sin embargo, el dato más escalofriante surge en América Latina donde se produjeron 165 muertes, es decir, tres cuartas partes de las agresiones. Los investigadores de Global Witness advierten que casi tres de cada cuatro ataques ocurrieron en la región y en el listado de los diez países con mayor cantidad de ataques, siete están en Latinoamérica.
Colombia, con 65 muertes, y México, con 30, encabezan el ranking mundial de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Otros países con cifras preocupantes son Brasil y Honduras, con 20 y 17 asesinatos, respectivamente.
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El documento establece que al menos el 30% de los ataques se relacionan con la explotación de recursos en actividades como la tala, la construcción de represas hidroeléctricas, proyectos de minería y la agroindustria a gran escala.
“Las personas que cada año son asesinadas por defender a sus poblaciones locales, también estaban defendiendo el planeta que compartimos. En particular, nuestro clima. Las actividades que inundan nuestra atmósfera con carbono, como la extracción de combustibles fósiles y la deforestación, están en el centro de muchos de estos asesinatos”, escribe el activista Bill McKibben, en el prólogo del informe.
La industria de la tala y deforestación se vincula a la mayor cantidad de asesinatos en 2020, con 23 casos registrados en países como Brasil, Nicaragua, Perú y Filipinas.
Global Witness afirma que sus datos no reflejan “la verdadera dimensión del problema” porque las restricciones a la libertad de prensa y tácticas coercitivas como las amenazas de muerte, vigilancia ilegal, amedrentamiento, violencia sexual y criminalización pueden contribuir a un subregistro de las agresiones.
Colombia y México, la vanguardia letal
Según la organización, desde la firma en 2015 del Acuerdo de París sobre cambio climático, un promedio de cuatro defensores medioambientales han sido asesinados cada semana.
Además, los investigadores aseguran que los gobiernos de varios países utilizaron la pandemia de coronavirus como una excusa para implementar métodos represivos contra sus poblaciones. Según el reporte, esa forma de control social que fue instaurada en los cierres de las cuarentenas fue “una oportunidad para tomar medidas drásticas contra la sociedad civil mientras las empresas avanzaban con proyectos destructivos”.
Por segundo año consecutivo, Colombia registró el mayor número de defensores asesinados al totalizar 65 ejecuciones. Las agresiones sucedieron en “el contexto de ataques generalizados en contra de personas defensoras de los derechos humanos y liderazgos comunitarios (…) En muchas de las áreas más remotas, los grupos paramilitares y criminales incrementaron su control mediante el ejercicio de la violencia”, afirma Global Witness.
Casi la mitad de los homicidios registrados en el país se perpetraron contra personas que se dedicaban a la agricultura a pequeña escala y un tercio de los activistas eran personas indígenas o afrodescendientes.
“Contrario a lo que se pensaba, de que las cuarentenas podrían ayudar a protegerlos, fueron ubicados con mayor facilidad y por eso muchos de los homicidios se perpetraron en sus domicilios o en sus alrededores”, comenta Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, en una entrevista con Mongabay Latam.
Castro afirma que el año pasado disminuyó la respuesta de las autoridades porque también estaban cumpliendo con las restricciones sanitarias de la pandemia y “paradójicamente, los violentos tuvieron la posibilidad de andar libremente por los territorios”.
Otro caso preocupante es la situación de los activistas mexicanos. Global Witness registró 30 ataques letales en México, lo que representa un aumento del 67% respecto a 2019 cuando se contabilizaron 18 muertes.
“La explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas”, aseveran los investigadores y recuerdan que la impunidad de los delitos contra personas defensoras es “sorprendentemente alta” porque, según las estadísticas, casi un 95% de los asesinatos cometidos en el país no generan un proceso legal.
“El 2020 fue muy complejo para las personas defensoras ambientales de la tierra y el territorio, de hecho, vemos que fue el año más violento de esta Administración porque se produjeron más ataques”, asevera Gabriela Carreón, gerente de derechos humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en una entrevista con Noticias Telemundo.
Hasta julio de este año, el Cemda ha registrado 14 asesinatos contra activistas medioambientales y en un informe publicado en abril señaló que en el país “prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio”.
Ese mismo mes, la Secretaría de Gobernación mexicana reconoció que al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas han sido asesinados en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El infierno de Baja California
El calor mata en Baja California. En 2019 se registraron al menos ocho muertes en Mexicali asociadas a las altas temperaturas; en 2020 fueron 83.
“Hay días en que tenemos 50 grados centígrados de temperatura. Vivir en esas condiciones es increíblemente difícil y lo peor es que no todos tenemos acceso al agua”, explica Aranguren, quien forma parte de Mexicali Resiste, una organización de derechos ambientales.
Desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 18 de abril de 2021 (durante la temporada seca), el país experimentó alrededor de un 20% menos de precipitaciones de la media, y varias áreas en el este, oeste y sureste alcanzaron temperaturas superiores a 95 grados Fahrenheit (35 centígrados). Debido al bajo suministro, muchos residentes se han quedado sin agua corriente en diversas regiones del país.
“En los últimos 70 años, la temperatura en México tiene una tendencia clara y concluyente de aumento. En la última década aumentó muy rápido y esa subida es incluso superior al promedio del planeta", explica Jorge Zavala Hidalgo, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional.
Activistas como Oscar Eyraud Adams vivieron en carne propia las consecuencias del cambio climático en esa región.
“Las grandes compañías tienen acceso al agua mucho más fácil. Esto no es justo porque necesitamos el agua para sobrevivir”, solía decir Eyraud Adams, quien fue un promotor de soluciones para garantizar la preservación de los recursos hídricos de los Kumiai, su pueblo indígena, y evitar el éxodo de los jóvenes.
En 2017, se opuso a la instalación de la cervecera Constellation Brands que, según diversas estimaciones, consumiría unos 5.8 millones de metros cúbicos de agua por año.
“Él nos ayudó a hacer visible lo que pasa en Baja California, pero lo pagó con su vida. Es triste porque estos asesinatos se llevan la seguridad del futuro de los niños y las niñas que vienen”, dijo Aranguren, quien afirma que desde el ataque contra Eyraud Adams los activistas de la región viven con miedo.
“Sentimos un gran temor porque hay que seguir luchando. Todavía hay megaproyectos en esta zona que nos quitan el agua. Pero, si nosotros no protestamos, nadie nos va a venir a ayudar”, concluye.