Por Damià Bonmatí – Noticias Telemundo Investiga
Imanol Luján, un hondureño de 17 años, partió hacia Estados Unidos sin avisar a su familia. Había escuchado a parientes y amigos hablar del proceso migratorio muchas veces. Pero su intento de entregarse a la Patrulla Fronteriza y encontrarse con su hermana en Massachusetts se torció inesperadamente. Mientras cruzaba México en marzo, la pandemia del coronavirus cambiaba el rumbo de los acontecimientos.
El menor de edad pasó menos de 10 días de abril en Estados Unidos. No tuvo entrevista de miedo creíble, ni proceso de asilo, ni vio a un juez de inmigración, según contó a Noticias Telemundo Investiga. Fue deportado en avión a Honduras, donde llegó triste y confundido. “Quería una oportunidad”, dijo.
Ahora un juez federal ha frenado una deportación similar, de un menor hondureño de 16 años que también iba a ser deportado en cuestión de horas. La decisión hace tambalear las expulsiones inmediatas que el Gobierno de Donald Trump inició en la frontera el 21 de marzo por la pandemia.
Los demandantes, encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), argumentaron que el Gobierno está incumpliendo los derechos de los menores migrantes. Horas antes de la deportación prevista para este miércoles, el juez Emmet G. Sullivan paró de manera temporal la expulsión del joven de 16 años, quien no fue identificado en la demanda.
Como Imanol Luján, son centenares los menores que han sido deportados de manera exprés durante la emergencia de coronavirus.
La Patrulla Fronteriza detuvo a 2,938 menores no acompañados en marzo y a 734 en abril. En condiciones normales, esos jóvenes son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados para iniciar su proceso de acogida.
Pero con la pandemia, sólo lo fueron 1,852 en marzo, la mayoría antes de las medidas especiales por la emergencia sanitaria, y 62 en abril, según datos que el Departamento de Salud (HHS) envió a Noticias Telemundo Investiga.
La demanda de ACLU dice que cerca de un millar de menores fueron expulsados de manera exprés esos meses. Noticias Telemundo Investiga pidió la cifra actualizada tanto al Servicio Inmigración y Aduanas (ICE) como a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pero no la han facilitado.
“Me separaron del resto”
Imanol Luján entró a Estados Unidos de manera irregular en la tercera semana de abril, junto a dos mujeres con sus respectivos hijos, a quienes había conocido en el trayecto en México. Cerca de McAllen, Texas, agentes de la Patrulla Fronteriza los detuvieron y preguntaron por la documentación.
“Solo me pidieron la partida de nacimiento porque no tengo cédula”, explica.
Al comprobar la edad del adolescente, los dividieron y los montaron en vehículos diferentes. Luján llegó a una estación migratoria donde le tomaron las huellas.
“Me tenían como en una cárcel, detrás de una reja con otros menores de edad. Nos ponían a dormir en el piso, nos daban una cosa como de nailon para arroparnos”, recuerda de la estación migratoria, donde pasó cuatro días, sin saber en qué ciudad estaba.
Compartía celda con una decena de menores, de entre 15 y 17 años, de Honduras, México, Guatemala y El Salvador. Dentro de la celda dice que no había distanciamiento social, pero les dieron mascarillas y gel, según relata.
“Pedía hacer llamadas pero me decían que no”
Los siguientes cuatro días estuvo detenido en un hotel, del que no recuerda el nombre. Compartía habitación con otro hondureño, pasaban el día viendo la televisión y agentes migratorios les llevaban a la habitación tres comidas al día. Luján dice que se sintió bien tratado allí.
“Yo pedía llamadas pero me decían que no, que esperara mi momento", explica.
Durante unos 10 días, su familia en Estados Unidos y en Guatemala no supo qué le había pasado al menor.
Luján dice que no le entregaron ningún documento ni le permitieron pedir asilo. Asegura que los agentes le dijeron que, si insistía, detendrían a sus padres por haber permitido que viajara solo. La CBP no comentó sobre estas alegaciones.
El caso de Luján tiene muchos puntos en común con el de la demanda judicial de ACLU. El colectivo asegura que el menor de 16 años, también de Honduras, fue estuvo internado en un centro de detención y luego en un hotel, sin darle una oportunidad de pedir asilo.
"Un riesgo para el país"
Durante la emergencia del coronavirus, el Gobierno otorgó poderes especiales a la CBP. Su comisionado en funciones, Mark Morgan, dijo en marzo que la entrada de indocumentados “puede potencialmente exponer a Estados Unidos a la transmisión del COVID-19 y otras enfermedades infecciosas”. El Gobierno considera que las estaciones fronterizas para procesar a los migrantes pueden ser un foco de contagio. Luján estuvo detenido cuatro días.
Bajo esa directiva, los agentes fronterizos están deportando a los migrantes de manera inmediata a su último país de tránsito –habitualmente México–. Si eso no es posible, el Gobierno dice que “CBP trabaja con socios de otras agencias para expulsar de manera segura la persona a su país de origen y mantener detenida la persona el menor tiempo posible”. Los menores no acompañados forman parte de ese grupo.
ACLU alega que las leyes migratorias existentes establecen que los menores no acompañados que buscan protección deben ser provistos del derecho a pedir asilo y no deben ser automáticamente deportados “incluso si tienen una enfermedad contagiosa”.
La demanda judicial destaca que los adolescentes hondureños tienen derecho a ser procesados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, a ser colocados en un albergue de menores y tener una audiencia de asilo.
Un grupo de 40 expertos de salud pública envió en mayo una carta a la Administración Trump culpándola de suspender las protecciones de asilo para menores a través del llamado ‘Título 42’ del código de leyes, que permite al Gobierno cerrar la entrada de extranjeros al país por una amenaza a la salud pública.
En el documento, subrayan que la Administración tiene autoridad legal para entregar a esos menores a familiares o tutores en el país, y para liberar bajo palabra a adultos y familias en Estados Unidos, respetando así sus procesos de asilo.
Pero Imanol Luján no tuvo opción de reencontrase con su hermana: “Nos montaron a un autobús y no nos decían nada, hasta que ya estábamos allí, al aeropuerto”. El joven dice que fue deportado el 24 de abril en avión, junto con centenares de compatriotas hondureños, todos con mascarillas.
Al llegar a San Pedro Sula, Honduras, le hicieron la prueba del coronavirus y salió negativo. Allí se enteró de que las mujeres con las que cruzó la frontera fueron devueltas de inmediato a México y enviadas a la frontera con Guatemala.
“Entramos a Estados Unidos. Pero allí Migración a nosotros no nos aceptaron. Nos tiró afuera y sin ni un peso en la bolsa”, dijeron las mujeres, que viajaban acompañadas de sus hijos pequeños, por mensaje de voz.
Nuevas reglas en la frontera
Noticias Telemundo Investiga ha reportado el caso de un guatemalteco, Gilmer Barrios, que fue deportado erróneamente a México cuando entraron en vigor los poderes especiales de la Patrulla Fronteriza. Fue readmitido a Estados Unidos y después liberado para seguir con su proceso migratorio.
El Departamento de Salud, encargado de procesar a los adolescentes en trámites de asilo, no comenta casos concretos por una política de protección de identidad de los menores. Una portavoz, Lydia Holt, subrayó que no están a cargo de ninguna deportación.
Una portavoz de ICE, April Grant, dijo a Noticias Telemundo Investiga que la agencia no se ocupa de las deportaciones de los menores centroamericanos durante la pandemia, sino que lo hace la CBP.
Por su parte, un vocero de CBP, Matthew Dyman, dijo que todos los migrantes arrestados, incluyendo menores, pueden ser sujetos a las expulsiones inmediatas por el riesgo de portar enfermedades contagiosas.
"La CBP trabaja de cerca con sus países de origen para transferirlos a custodia de sus gobiernos y reunirlos con sus familias rápidamente y de manera segura, siempre que sea posible", explicó.
Los demandantes ven sin embargo una intención política en estas medidas durante la pandemia. “La Administración ha buscado numerosos mecanismos regulatorios para evitar que los no-ciudadanos busquen protección en este país, pero el proceso a través del Título 42 en discusión aquí va más allá de cualquiera de esos esfuerzos porque no deja casi ninguna vía abierta para buscar protección”, indica el documento judicial.
Si has sufrido o conoces casos de deportaciones durante la pandemia, puede contactar al autor de esta historia a través del email damia.bonmati@nbcuni.com y al resto del equipo en ntinvestiga@nbcuni.com