Una jueza federal anuló este domingo una normativa del Gobierno que preside Donald Trump por la que casi 700,000 desempleados habrían dejado de recibir cupones de alimentos pese a la crisis económica provocada por la pandemia por el COVID-19
El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) ha mantenido un “frío silencio” sobre a cuántas personas se les habrían denegado los beneficios con el cambio de la norma, dictaminó la jueza Beryl Howell, de la Corte de Distrito deWashington D.C., según revelan documentos judiciales.
Howell dictó en contra del Departamento de Agricultura por no justificar o incluso abordar el impacto del cambio de su normativa, alegando que sus deficiencias se han puesto de relieve en medio de la pandemia durante la cual se ha cuadruplicado el desempleo y las listas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) han aumentado más de 17%, con más de 6 millones de nuevos afiliados hasta mayo.
“La norma en cuestión en este litigio altera radical y abruptamente décadas de práctica regulatoria, dejando a los estados en una situación comprometida y aumentando exponencialmente la inseguridad alimentaria para decenas de miles de estadounidenses”, escribió la jueza en su fallo de 67 páginas, adelantado por el diario The Washington Post.
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El USDA anunció la norma en diciembre por la que cientos de miles de personas dejarían de recibir cupones de alimentos a partir del 1 de abril.
El cambio decidido por el Gobierno iba a afectar a las personas entre 18 y 49 años sin hijos y que no tienen discapacidad.
En ese momento Trump justificó el cambio de la normativa arguyendo que miles de estadounidenses no necesitaban ese tipo de ayuda debido a la fortaleza de la economía y el bajo desempleo, pero desde el inicio de la pandemia la situación ha cambiado radicalmente con millones de desempleados que se han visto obligados a solicitar ayuda a los bancos de alimentos.
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En enero, una coalición de fiscales generales de 19 estados, la ciudad de Nueva York y el distrito de Columbia apelaron la norma del USDA.
Los demandantes argumentaron que la norma no empujaría a las personas de bajos ingresos a obtener empleo. "En un momento de crisis nacional, esta decisión es una victoria del sentido común", dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.
"Esta regla lograría todo lo contrario, haciendo que aquellos personas que ya se preocupan por terminar sus días con hambre sean aún más vulnerables", afirmó James, "y como nos encontramos en medio de una pandemia, los efectos de esta regla serían más destructivos que nunca”.
En marzo, la jueza Howell dictó una orden judicial preliminar que suspendía parte de la norma argumentado las necesidades alimentarias en medio de la pandemia, justo el mismo día que Trump declaró el brote de coronavirus una emergencia nacional. El Gobierno suspendió entonces su fecha de implementación prevista para abril.
El USDA apeló en mayo ese dictamen sobre la norma que en 2019 proporcionó cupones canjeables por comida a 36 millones de personas.
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Según la ley actual, las personas pueden calificar para los cupones de comida (food stamps, en inglés) si trabajan al menos 20 horas a la semana durante más de tres meses y por un período de al menos tres años.
Sin embargo, cada estado tiene la potestad de eliminar ese límite de tiempo y así garantizar a miles de personas el acceso a los cupones de alimentos durante los altibajos que implica la reinserción laboral.
La nueva regla del Gobierno preveía que los estados tengan una tasa máxima de desempleo del 6% para quedar exentos de esa limitación. Con ella, la Administración se ahorraría 5,500 millones en cinco años, según calculó el Departamento de Agricultura.
Este es el primero de los tres cambios en el programa SNAP propuestos por la Administración Trump que podrían causar que millones de personas pierdan el acceso a los cupones de alimentos.
Los otros dos pretenden modificar la manera en que 40 estados incluyen automáticamente a las familias en el programa SNAP cuando obtienen otras formas de ayuda federal y deducciones de costos de vivienda y servicios públicos.
Un estudio del Urban Institute indicó que el impacto combinado de estas reglas eliminaría a 3.7 millones de personas de SNAP en un mes promedio. Los beneficios se reducirían para millones más y 982.000 estudiantes perderían el acceso automático a comidas escolares gratuitas o de precio reducido.
Con información de NBC News y The Washington Post