Nueve estados con un historial de discriminación racial están eliminando de manera más agresiva a los votantes registrados en sus listas, según un informe publicado este viernes.
Después de revisar las listas electorales a nivel nacional desde 2012 hasta 2016, la organización sin fines de lucro Brennan Center for Justice descubrió que las zonas del sur que se vieron forzadas por el Departamento de Justicia a cambiar sus políticas tuvieron una mayor tasa de purga que otras jurisdicciones.
Una sección clave de la Ley de Derechos Electorales de 1965, diseñada para proteger a los votantes minoritarios de la privación de derechos del estado, fue rechazada por la Corte Suprema en 2013, permitiendo a los estados comenzar a hacer cambios que afectan la votación sin obtener primero la aprobación federal.
"Dos millones de votantes habrían sido depurados durante esos cuatro años si las jurisdicciones que anteriormente estaban sujetas a la autorización federal hubieran purgado a la misma medida" que otras jurisdicciones, estimó el Centro Brennan.
En Georgia, por ejemplo, 156 de los 159 condados del estado informaron un aumento en las tasas de eliminación luego de que se cambiara la Ley de Derechos Electorales. En 2016, los defensores demandaron a Georgia por dificultar el registro de votantes. En 2017, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles demandó a un condado de Georgia y al Secretario de Estado estatal por sus prácticas de purga también.
"Hay motivos de preocupación cuando la tasa de purga sube tanto al mismo tiempo que nos encontramos en una controversia, a veces ilegal, además de cambios en otras leyes de votación que dificultan la participación", dijo Jonathan Brater, abogado del Programa de Democracia del Centro Brennan y uno de los autores del informe.
El análisis del Centro Brennan descubrió que los funcionarios electorales estaban depurando las listas de votantes de manera más agresiva en todo el país, y algunos usaban métodos imprecisos o posiblemente ilegales para hacerlo.
Las purgas de votantes son una parte normal del mantenimiento de las listas electorales, pero si se realizan de manera demasiado agresiva o con mala información, los defensores advierten que pueden privar de derechos a los votantes elegibles, que pueden no saber que han sido purgados hasta que vayan a las urnas el día de las elecciones y no puedan votar.
Brater dijo que bajo la administración Trump, "el Departamento de Justicia ha justificado su responsabilidad de proteger contra las malas purgas de votantes".
"En realidad, han estado alentando a las jurisdicciones a purgar más agresivamente", dijo.
En la resolución 5-4, la Corte Suprema aprobó recientemente el método de Ohio para expulsar a los votantes de las listas. El Departamento de Justicia de Obama había apoyado a los defensores en las primeras etapas de la lucha judicial, pero la administración Trump cambió de bando y apoyó al estado.