La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el miércoles los abusos a los derechos humanos cometidos por la policía y civiles armados progubernamentales en Nicaragua contra los que protestan contra el presidente Daniel Ortega.
Las manifestaciones cumplen hoy tres meses desde su comienzo, tras unas fallidas reformas a la Seguridad Social impuestas por Ortega que se convirtieron en una exigencia para su renuncia del poder.
En la resolución, el organismo le pide al gobierno de Ortega participar en el diálogo nacional, y apoyar un calendario electoral, que Ortega se ha negado a apoyar y califica a quienes piden su salida como “golpistas”.
Los miembros de la Iglesia se han presentado como mediadores de una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición para encontrar una salida a la crisis. Pero ellos también han sido víctimas de la represión. La OEA condenó en la resolución “los ataques contra el clero” y el “hostigamiento a los obispos Católicos”.
El documento fue adoptado con 21 fotos a favor, con solo Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela votando en contra. El gobierno chavista de Venezuela tiene una larga tradición de ser aliado de Ortega.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, fustigó a la OEA por adoptar el documento, que calificó de ilegal e injusto.
“Tenemos instituciones que funcionan, un estado de derecho, una constitución que funciona. Por eso no es correcto que este Consejo Permanente se erija en una especie de tribunal que nadie ha autorizado ni dado facultades para juzgar a Nicaragua”, dijo antes de la votación.
Moncada agregó que el gobierno es sujeto a “embates de grupos terroristas para derrocar a un gobierno legítimo”, agregó.
En la misma reunión, se rechazó una resolución propuesta por Moncada en la que se pedía a la comunidad internacional respeto a su "autodeterminación" y se culpaba a "grupos internacionales terroristas" de instigar la violencia.
Durante la sesión, Moncada también señaló a EE.UU. como responsable de la "injerencia" que, a su juicio, ocurre en Nicaragua.
Mientras la OEA llevaba a cabo su sesión, un grupo bipartita de 10 senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley cuyo objetivo es imponer sanciones a los funcionarios nicaragüenses responsables por la muerte de manifestantes, violaciones a derechos humanos y actos de corrupción. También hicieron un llamado para una solución política negociada.
“No podemos mantenernos callados mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo arremeten contra su propio pueblo, como es evidente por las imágenes en donde se ve que les disparan a estudiantes mientras buscan refugio al interior de una iglesia”, dijo el senador demócrata Bob Menendez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y uno de los patrocinadores de la iniciativa de ley.
La represión contra los manifestantes ha dejado un saldo de al menos 264 muertos, según un informe presentado por el Comité Interamericano de los Derechos Humanos (CIDH) donde también condenaban "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país".
El martes, fuerzas del gobierno nicaragüense tomaron control de la ciudad de Masaya, al oeste de Nicaragua, tras más de siete horas de bombardeo. La ciudad se había convertido en epicentro de la resistencia contra el gobierno de Ortega.
Según reporta el diario El País, entre unas 1 500 y 2 000 fuerzas armadas leales al Gobierno asediaron la ciudad.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) confirmó la muerte de al menos tres personas durante el ataque del martes: un policía, un menor de 15 años y una mujer que estaba en las afueras de su casa.