Ventanas oscuras, baños limitados y sin dormitorios. El congresista demócrata por Arizona, Rubén Gallego, ha exigido que se abra una investigación sobre los edificios de oficinas en los suburbios de Phoenix, Arizona arrendados por un contratista del Gobierno federal donde internan de forma temporal a menores migrantes separados de sus padres.
Este reclamo llega después de una investigación publicada por Reveal. De acuerdo con este medio, los vecinos vieron el pasado 4 de junio por primera vez a los niños migrantes en este edificio vacío, alquilado por el contratista de Defensa MVM Inc. Aunque no está claro cuánto tiempo estuvieron los niños en esta oficina, los vecinos aseguran que los menores no se fueron hasta el 22 de junio. El edificio tiene algunos baños pero no tiene duchas, cocina, patio, dormitorios u otras instalaciones para niños.
"Quisiera saber si cuentan con licencia para manejar menores, si los niños pasan la noche en el inmueble y en qué condiciones se encuentran", ha cuestionado a través de una carta al Departamento de Seguridad Nacional. El congresista ha manifestado además que el edificio no tiene licencia del Departamento de Servicios de Salud de Arizona para proporcionar cuidado infantil, lo que calificó como una posible violación de la ley estatal.
"Sé que hay otros lugares como este, pero los están escondiendo porque sienten vergüenza, porque saben que el pueblo estadounidense no quiere eso para el país, quiere que sus hijos estén con sus padres, por eso esconden a los niños, por su vergüenza", ha lamentado Gallego.
El congresista también ha solicitado un examen de los estándares de las Oficinas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre las condiciones contempladas para atender a los niños inmigrantes en su traslado a refugios de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR).
La política migratoria de “tolerancia cero” de la Administración Trump ha separado a 2.300 menores de sus familias. Tras la oleada de críticas internacionales, el presidente de EE.UU. firmó el pasado junio una orden ejecutiva para frenar esta práctica.
La reprimenda también le llegó a Trump desde los tribunales. Un juez federal ordenó reunir a los 102 menores de 5 años separados de sus padres en un plazo de 10 días. Pero el tiempo se agotó ayer y el Gobierno no ha cumplido. El Departamento de Justicia ha solicitado más tiempo para la reunificación y apuntó que ayer solo podría reunir a 38 menores.
El gobierno enfrenta un segundo plazo, el 26 de julio, para reunir a unos 2.000 niños mayores a 5 años que también fueron separados de sus familias por las autoridades en los últimos meses.