El Centro Residencial del Condado de Berks, en Pensilvania, donde las familias pueden pasar casi dos años encerradas, sería en modelo de centro de detención familiar que buscar el gobierno de Trump, de acuerdo con activistas pro inmigrantes.
En Berks, un niño que llegó con seis años salió con casi ocho, tras haber pasado casi 707 días encerrado allí, según el diario The Inquirer. El centro tiene el apodo de "baby jail" o cárcel de bebés y durante años numerosos activistas han pedido su cierre.
Otros niños han pasado 600 días o más mientras esperaban con sus padres las audiencias y decisiones judiciales, que se llevan a cabo en el único centro de Pennsylvania que alberga a madres y padres, hijos e hijas.
Berks es el más antiguo y el más pequeño de los tres centros de detención, un lugar de baja seguridad abierto en 2001 en Leesport, a unas 75 millas al noroeste de Filadelfia.
De acuerdo con el sitio Vox, en la instalación las luces brillantes impiden que los niños duerman bien y pueden ser disciplinados si intentan trepar a la cama de sus padres.
En sus inicios alojaba principalmente madres y niños, que llenaban 80 o más de sus 96 camas. Hoy, el centro alberga a unas 20 familias, todos padres e hijos que huyeron de la violencia en el "Triángulo Norte" de El Salvador, Guatemala y Honduras y buscan asilo.
"Berks siempre ha sido el modelo", dijo al diario The Inquirer Jasmine Rivera, una líder de la Coalición Cierren Berks. "Realmente se trata de que [la administración] simplemente la expanda".
Las protestas contra el centro de Berks datan desde hace muchos años, incluso durante el gobierno de Obama.
Hace unos días el presidente Trump firmó un decreto para frenar la separación de familias inmigrantes detenidas en la frontera, pero la medida podría representar sólo un cambio de táctica, de acuerdo con nuevos documentos presentados por los abogados del gobierno.
El Departamento de Justicia de Trump, dirigido por el Fiscal General Jeff Sessions, presentó un anuncio informando que ahora mantiene detenidas a las familias "durante la tramitación" de sus casos de inmigración.
Eso podría significar meses de detención para algunos solicitantes de asilo, o, por el contrario, una forma de proceso judicial exprés que mueva los casos de las familias demasiado rápido en el sistema como para permitir que sus casos sean debidamente tramitados, dicen defensores de los inmigrantes.
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El gobierno federal ya planea construir instalaciones temporales en bases militares para albergar a miles de familias migrantes.
Y el Departamento de Seguridad Nacional ha pedido al Pentágono que proporcione espacio para 2.000 detenidos en un plazo de 45 días y quiere espacio para 12,000 personas más en detención familiar. Los centros de detención familiar existentes tienen espacio restante para alrededor de 1,500.
El gobierno de Trump ha intentado que los tribunales y el Congreso aprueben la detención familiar indefinida anulando una orden de 2015 (conocida como "acuerdo de Flores") que impide que los niños permanezcan en detención migratoria con sus padres durante más de 20 días.
Como parte de esa táctica, el gobierno decidió convertir el intento de entrada ilegal como delito, lo que permitía separar a las familias -ya que los menores no pueden estar con los padres durante un proceso criminal.
La administración ahora alega que un fallo judicial más reciente -la orden de la jueza federal de distrito Dana Sabraw que prohibió a la administración dividir a más familias y ordenó que reunieran a los 2.000 restantes separados en 30 días- significa que están ahora se permite detener a miles de familias en instalaciones temporales por el tiempo que sea necesario para otorgarles un estatus legal o deportarlas.
Atrapado en los tecnicismos de la ley, el propio presidente Trump ha dicho que no se les debe conceder a los inmigrantes el derecho a corte, o a procesar sus casos, pero no ha llegado a presentar semejante propuesta, que enfrentaría una enérgica resistencia de todas las partes del espectro político.