La acumulación de solicitudes pendientes para inmigrantes legales que pretenden convertirse en ciudadanos estadounidenses “se ha disparado” desde que gobierna Donald Trump, de acuerdo con un nuevo informe de una organización de derechos de los inmigrantes.
A fines de 2017, existían casi 730,000 solicitudes de naturalización pendientes, un aumento de más del 87% desde 2015, en época del presidente Barack Obama, según el informe de la Alianza Nacional para Nuevos Americanos, una alianza de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.
“La administración Trump ha construido un segundo muro que evita que los inmigrantes legales en Estados Unidos se conviertan en ciudadanos estadounidenses con derecho a voto”, declaró a NBC News Joshua Hoyt, director ejecutivo de esta asociación.
Hoyt aseguró que el retraso en los Servicios de Ciudadanía e Inmigración significa que las tasas de procesamiento han llegado a los 20 meses de espera, lo que genera preocupaciones en un año crucial de elecciones intermedias en el que muchas de estas personas no podrán votar.
El año pasado, más de 925,000 personas solicitaron la ciudadanía de Estados Unidos, según el documento.
“Pueden esperar hasta 20 meses después de presentar una solicitud de 21 páginas, pagar la tarifa de 730 dólares, enviar sus huellas dactilares para un control de seguridad y luego sentarse y esperar antes de pasar un examen", detalló.
Hasta el 31 de diciembre de 2015, con Obama en la Casa Blanca, la acumulación de solicitudes era de 388.832, según el informe.
"Se trata de una incompetencia absoluta que afecta a cerca de un millón de inmigrantes legales que quieren convertirse en ciudadanos estadounidenses, o de un segundo muro intencional diseñado para frenar el ritmo con el que los inmigrantes legítimos pueden convertirse en votantes", dijo.
El informe también encontró que, en el último trimestre, ciertos estados experimentaron “enormes picos” en las denegaciones de solicitudes de ciudadanía, señalando cambios en Alabama, Hawái, Nevada, Nuevo México, Pensilvania y Utah.
Desde el 1 de octubre de 2017 hasta fines de diciembre pasado, el trabajo atrasado aumentó en Washington DC, Islas Vírgenes y unos 19 estados, entre los que se encuentran Alabama, Colorado, Illinois, Iowa, Kansas, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva York, Rhode Island, Utah, Tennessee, Texas, Washington y Wisconsin, según el informe.
Los estados que presentan el mayor aumento en solicitudes pendientes en el último año fiscal son Utah, con un aumento de más del 53%, Texas, con un aumento de más del 50%, y Washington, con más del 46%, de acuerdo con el texto.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) no respondieron con inmediatez a la solicitud de comentarios que NBC News les hizo sobre las conclusiones de este informe.
Este lunes, la alianza de defensores de los derechos del inmigrante anunció los resultados de su informe mediante una teleconferencia con los congresistas Zoe Lofgren, demócrata por California, y Luis Gutiérrez, demócrata por Illinois, y con la presencia de otros grupos dedicados a los derechos de los inmigrantes.
Estos representantes también le enviaron al Congreso una carta para que le solicite al director del USCIS que explique los retrasos, y que pediría audiencias congresionales, así como acciones legales para abordar dicho atraso.
Mientras sus solicitudes siguen pendientes, este retraso les está denegando a los ciudadanos potenciales su derecho al voto, mientras deja a algunos de ellos en riesgo de deportación bajo la política migratoria de Trump, dijo Gutiérrez.
“Las reglas han cambiado: la residencia legal permanente ya no protege de la deportación en tiempos de Donald Trump -puntualizó el congresista-. La gente quiere participar en el proceso democrático y también quieren estar protegida”.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) dijo que “cada día hay más situaciones en las que ICE visita a residentes legales permanentes, incluso por infracciones menores ocurridas hace décadas”. "
Durante la teleconferencia, Salas declaró que la campaña de naturalización para el año 2018 buscaba apoyar a los residentes legales y a su derecho al voto, de cara a las elecciones de 2020, a pesar de los “obstáculos insuperables que enfrentan”.
"Si quiere votar en noviembre de 2020, básicamente uno debe solicitarlo en los próximos 60 a 90 días -apuntó-. Esto es algo excesivo”.
Hoyt dijo que los defensores de los inmigrantes también están trabajando con el alcalde de Chicago, el demócrata Rahm Emanuel, para una carta de recogida de firmas. Estas son utilizadas por los legisladores para unirse y expresar una opinión sobre determinado asunto político.
Hoyt agregó que su grupo estaba planeando presentar una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información, en busca de comunicaciones internas y cifras que expliquen esta acumulación de solicitudes.
Hoyt recordó que USCIS enfrentó un retraso mayor tras la primera elección de Barack Obama, pero en ese entonces los funcionarios trabajaron para reducir ese retraso a unos 8 o 9 meses.
También dijo que su organización ha estado rastreando la acumulación de solicitudes de ciudadanía durante años y que nunca había visto números como este.
El directivo señaló que mientras el retraso se hace continuado, USCIS ha abierto una oficina enfocada en identificar a los ciudadanos sospechosos de haber usado medios fraudulentos para obtener su estatus actual, para luego despojarlos de la ciudadanía.
El director de USCIS, L. Francis Cissna, declaró a The Associated Press que su agencia está contratando a docenas de abogados y oficiales de inmigración para revisar casos y buscar a inmigrantes que recibieron órdenes de ser deportados y que luego utilizaron identidades falsas para obtener la residencia y finalmente la ciudadanía.
“Por fin tenemos un proceso que llega al fondo de todos estos casos negativos y se ocupa de desnaturalizar a las personas que no deberían haberse naturalizado -dijo-. Se trata potencialmente de unos pocos miles de casos”.
Sin embargo, Hoyt insiste en que con esta medida se hace un mal uso de los recursos, considerando el retraso de solicitudes que existe en la actualidad.
"No le están prestando atención a su responsabilidad principal de procesar a las personas de manera oportuna -criticó Hoyt-. En su lugar, existe una cacería de brujas para tratar de desnaturalizar a los ciudadanos que han estado por más de 20 años".
Salas acotó que los casos de desnaturalizaciones eran muy poco comunes en el pasado.
Las autoridades tendrían que “demostrar altos niveles de violación de cualquier tipo para que una persona sea desnaturalizada -concluyó-. Y esto es algo muy, muy raro”.