Una coalición de diez estados demandará a la administración Trump por la política “cruel” que separa a las familias migrantes de sus hijos en la frontera de México. El presidente Donald Trump anunció este miércoles una orden ejecutiva para poner fin a esta situación, derivada de la política de “tolerancia cero”, pero esta no resuelve la situación de los menores que ya han sido alejados de sus progenitores.
La demanda conjunta está encabezada por el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, que ha anunciado este jueves que se presentará la semana que viene. Los estados firmantes hasta ahora son: Massachusetts, California, Maryland, Oregón, Nuevo México, Pensilvania, Nueva Jersey, Iowa, Illinois, Minnesota y el Distrito de Columbia, aunque se espera que se unan más.
“Esta es una política deshonesta, cruel e inconstitucional", ha dicho Ferguson a través de un comunicado. "Vamos a detenerla". Según declara Ferguson esta política y la orden ejecutiva emitida por Trump son “antiamericanas” y crean “caos, temor e incertidumbre”.
En el comunicado del fiscal general de Washington apuntan que, tras hacer una revisión detallada de la orden ejecutiva de Trump, han encontrado un problema principal: la orden no hace nada para reunificar a las familias ya separadas El fiscal general del estado de California, Xavier Becerra, considera que es “una orden vacía y sin significado”. “Es un truco político", afirma Becerra.
"Esta política podría tener consecuencias devastadoras para la salud y el bienestar de esos niños (...) Dividir familias que están siendo perseguidas y huir de la violencia es simplemente atroz”, agrega.
La demanda alegará que las políticas aplicadas por el Gobierno de Trump violan derechos fundamentales que van contra lo establecido en la Constitución. Además, solicitarán que el Gobierno cree de inmediato un procedimiento para reunificar a las familias separadas.
Al menos 2.342 niños han sido separados de sus padres desde abril pasado, cuando el Gobierno estadounidense inició una política de "tolerancia cero" que busca enjuiciar criminalmente a todos los inmigrantes ilegales que entren en Estados Unidos.