La administración Trump, a través del Departamento de Justicia, está urgiendo a una corte federal de Texas a declarar ilegal DACA, lo que podría permitirle al gobierno cerrar el programa de los “soñadores” en cuestión de semanas.
Mientras este último movimiento ha recibido poca atención, de materializarse podría suponer la suspensión o fin de la iniciativa federal que ha permitido que más de 700.000 jóvenes, conocidos como “dreamers” o “soñadores”, eviten la deportación.
El director ejecutivo de National Inmigration Forum, Ali Noorani, dijo que este paso podría “eliminar los permisos de trabajo y las protecciones contra la deportación de casi un millón de personas que están contribuyendo a nuestra economía”.
El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), establecido durante la administración Obama, permite a los hijos de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos ilegalmente hasta 2007 y antes de los 16 años permanecer en el país.
En una moción presentada a última hora el viernes, los abogados del Departamento de Justicia le pidieron a un juez en Texas que dictamine que el programa viola la ley federal de inmigración. Asumiendo, como era de esperar, que el juez conceda la solicitud y ordene al gobierno que deje de aplicar DACA, el fallo entraría en conflicto con las órdenes de otros dos tribunales federales que han establecido que el programa debe seguir en marcha.
De tener que enfrentarse a dichas órdenes judiciales, el departamento que dirige Jeff Sessions recurriría a los jueces de la Corte Suprema del país para decirle a los jueces que el gobierno, sin importar lo que hiciera, estaría violando la ley porque al mantener DACA violaría la orden de Texas, mientras que si se acabara con DACA violaría las otras dos órdenes judiciales.
En ese caso, el gobierno le pediría al Tribunal Supremo que suspenda todas las decisiones de los tribunales inferiores. Y si los jueces están de acuerdo, la administración Trump sería libre entonces de terminar inmediatamente con DACA porque nada estaría vigente para evitar que el gobierno tome esa medida.
Los defensores de los inmigrantes han condenado este último movimiento legal del gobierno.
“El factor del miedo que ha resultado de la moción presentada por el Departamento de Justicia en Texas es realmente aterrador para los receptores de DACA en todo el país”, dijo Karen Tumlin, directora de estrategia legal de National Inmigration Law Center.
El futuro de DACA terminó en los tribnales después de que la administración Trump dijera en septiembre pasado que terminaría el programa en seis meses. En respuesta a demandas, los tribunales federales en California y Nueva York dictaminaron que la justificación legal del gobierno para cerrar DACA era defectuosa. Ordenaron a la administración continuar aceptando solicitudes de renovación de los participantes de DACA, que deben presentarse cada dos años.
Un tercer juez federal, en Washington, llegó a una conclusión similar, pero suspendió su orden para darle más tiempo al gobierno para explicar su posición.
Los opositores de DACA, liderados por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y a los que se han sumado otros seis estados, presentaron su propia demanda en mayo, argumentando que DACA es ilegal e instando a la corte a cerrar el programa.
El juez del distrito federal que supervisa el caso, Andrew Hanen de Brownsville, Texas, probablemente falle a su favor. Hace tres años bloqueó otro programa de inmigración de Obama destinado a permitir que los padres que vinieron aquí permanezcan ilegalmente en Estados Unidos si tienen hijos estadounidenses. Texas y los otros estados han argumentado que DACA es ilegal por las mismas razones que condenaron ese programa, conocido como DAPA.
A principios de este año, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema que se hiciera cargo de los desafíos de DACA, incluso antes de que los tribunales de apelaciones federales pudieran manifestarse. Los jueces declinaron esa invitación en febrero, aunque dijeron que esperaban que los tribunales inferiores se moverían rápidamente.
Este último giro le daría al gobierno una nueva razón para regresar al Tribunal Supremo, y sus posibilidades podrían mejorar esta vez, dado el potencial de órdenes conflictivas de los tribunales inferiores. Si los jueces están de acuerdo, el caso probablemente no se escuchará hasta otoño. Pero mientras tanto, si el Tribunal Supremo bloquea todas las decisiones de los tribunales inferiores, el gobierno sería libre de poder acabar con DACA.
Los republicanos moderados han estado presionando para que la Cámara de Representantes vote para otorgar estatus legal permanente a los beneficiarios de DACA. Pero incluso si ese esfuerzo tiene éxito, sus perspectivas son dudosas en el Senado. Y en el improbable caso de que el Congreso aprobara tal ley, los líderes republicanos del Congreso dicen que creen que el presidente Trump la vetaría.
Así que aunque DACA parecía que hasta hace poco estaba en terreno seguro al menos hasta otoño, su futuro está una vez más en duda.