Los padres de Denia Pérez la llevaron de forma ilegal desde México a Estados Unidos cuando tenía 11 años. Ahora esta joven se ha convertido en una de las primeras “dreamers” en graduarse en Derecho. Una de las motivaciones de los aún escasos soñadores que han conseguido este título universitario es aplicar sus conocimientos legales para enfrenarse al sistema. Tras graduarse, muchos estados no les permiten ejercer su oficio por su estatus legal. Pérez tiene tres hermanos pequeños que nacieron en Estados Unidos y que tienen la ciudadanía. Ella es la única de su familia sin estatus legal.
No son muchos los que han completado los estudios universitarios en esta materia. La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se convirtió en ley en 2012, lo que supone que los beneficiarios tuvieron el tiempo justo para graduarse en la escuela secundaria, obtener un título de técnico superior universitario y, en algunos casos, una licenciatura en Derecho. Trump suspendió las nuevas inscripciones el pasado septiembre.
Pero tras terminar los estudios, estos jóvenes soñadores tienen un problema para ejercer el oficio, ya que la mayoría de los estados requieren que los abogados en activo sean ciudadanos de Estados Unidos o que tengan residencia legal en el país. Pérez tiene previsto hacer en julio el examen que le permite ejercer como abogada. "Pero una parte de mí está frustrada y cansada de tener que pasar por todos estos aros para seguir viviendo y contribuyendo en este país”, dice.
Esta joven es la única que ha solicitado entrar al colegio de abogados de Connecticut. Ella se están preparando para dar batalla. “Hemos invertido en estos jóvenes. Tiene sentido que contribuyan a la economía y a la sociedad como miembros productivos de la comunidad. De alguna forma, es una obviedad”, dice Sheila Hayre, profesora de Derecho invitada en la Quinnipiac University, donde ha estudiado Pérez.
Después de su graduación, la joven ha prestado declaración ante un comité del colegio de abogados de Connecticut para buscar un cambio en la normativa que le permita trabajar. Otros estados, incluyendo California, Florida, Nueva York y Nueva Jersey, ya aprobaron leyes o implementaron modificaciones legales similares para abrir sus puertas a estudiantes DACA. Si su propuesta sale adelante, se le permitiría la entrada al colegio de abogados a cualquiera “autorizado a trabajar de forma legal en Estados Unidos”. Esto incluiría a los titulares de un permiso DACA.
Tras escuchar los casos de varios “dreamers” que solicitaron entrar en el colectivo en varios estados, la Asociación de Colegios de Abogados de Estados Unidos aprobó el pasado agosto una resolución en la que se insta al Congreso a enmendar la ley federal, añadiendo que la admisión no debería negarse basándose solo en el estatus migratorio de una persona.
Pero hay quien se opone al cambio. Hans von Spakovsky, miembro de la Heritage Foundation, dijo que le resulta inconcebible que cualquiera que no tenga residencia legal pueda tomar juramento para cumplir las leyes de Estados Unidos y unirse al cuerpo de abogados. "De hecho, están en el país de forma ilegal y violando la ley federal”, argumentó Spakovsky, quien también es abogado. "Yo no querría que alguien que está en el país ilegalmente me defienda, porque el Departamento de Seguridad Nacional puede intervenir en cualquier momento y expulsar a mi abogado del país y entonces, ¿qué haría?”.