“Les llamé animales, y ellos dijeron que son gente”, ha defendido este miércoles el presidente, Donald Trump, en referencia a las críticas recibidas cuando, durante un discurso sobre inmigración, se refirió así a la pandilla MS-13. “No son gente, son animales, y tenemos que ser muy, muy duros”, ha insistido hoy en un acto en Nueva York sobre violencia pandillera. El director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas Homan, ha apostillado: “Los animales matan por supervivencia. La MS-13 lo hace por deporte”.
Más allá de esta polémica, sustentada por los repetidos comentarios de Trump vinculando inmigración y delincuencia, tanto el presidente como sus principales colaboradores en materia de seguridad y justicia han insistido hoy en la necesidad de cerrar los agujeros legales que, en su opinión, ayudan a pandilleros a entrar de forma ilegal al país. “Estamos echándoles de miles en miles”, ha dicho Trump, “y si tuviéramos las leyes apropiadas no estarían volviendo tanto como vuelven”. Según ha dicho, el Congreso va a apoyar su reforma migratoria, porque cada vez se están sumando más demócratas (no hay indicios de ello).
Las leyes de inmigración son “horribles” y no sirven en su opinión para acabar con los crímenes terroríficos de la MS-13, que convierten, ha dicho Trump, zonas del país como Long Island (Nueva York) en “territorio ocupado”. “Es como una guerra contra alguien que está ocupando tu nación”, ha afirmado el presidente, para quien “el único lenguaje que entienden es la dureza”.
De acuerdo con su discurso, los pandilleros cruzan la frontera como menores no acompañados (“parecen tan inocentes, pero no son inocentes”), y luego se aprovechan de los agujeros legales para quedarse. “Estamos persiguiéndoles más que nunca”, ha dicho el director en funciones de ICE, “hemos doblado nuestros arrestos”. Casi 900 miembros de la MS-13 detenidos el pasado año fiscal (entre septiembre de 2016 y octubre de 2017), 4.000 pandilleros en total arrestados y un millar deportados. Pero no es suficiente, según Trump, hay que cambiar las leyes.
¿Cómo?
Lo ha explicado el fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, señalando los agujeros legales que a su juicio hay que resolver. Primero, que a los menores no acompañados no les puede expulsar del país de forma expedita, como a otros indocumentados capturados justo después de cruzar la frontera, hay que darles siempre la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración. Eso puede llevar meses e incluso años, y cuando al fin llega el día, nueve de cada 10 no se presentan (unos 6.000 al año). Se les deja libres dentro de la comunidad aunque sean criminales, ha dicho Rosenstein.
Las autoridades migratorias tienen que ponerlos en manos del Departamento de Salud en un plazo máximo de 72 horas para que se les busque una familia de acogida. Otro problema es que, aunque esos menores que llegan no sean pandilleros, pueden unirse a pandillas una vez se les deja libres pero vulnerables en comunidades donde carecen de vínculos familiares. Así, aquellos que no son criminales, pueden ser reclutados por la presión violenta de las pandillas.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, ha defendido que se han incrementado los controles para que esos menores sean entregados a familias sólidas y no queden en manos de traficantes de personas o bandas, después de que el Departamento de Salud reconociese hace semanas que ha perdido la pista de cientos de niños a los que debía monitorear.
Nielsen ha añadido otro agujero legal más: aunque el Gobierno tenga constancia de que determinados inmigrantes que llegan a la frontera son pandilleros, gracias a la cooperación con los países de origen, no puede prohibirles la entrada. Trump ha lanzado una advertencia a estos países, en esencia, los centroamericanos: quitará ayudas al desarrollo a aquellos que no colaboren en la lucha contra las pandillas, lo que incluye aceptar a aquellos inmigrantes deportados por este motivo y no dejarlos en libertad si son criminales.