La ciudad de costera de Carlsbad, cerca de San Diego, ha sido la última en rebelarse contra la ley sobre las ciudades santuario de California. Esta norma, aprobada el pasado octubre, limita la capacidad de la policía local para investigar a personas inmigrantes y deportarlas, según informa The San Diego Union-Tribune.
El Ayuntamiento de la localidad, de alrededor de 100.000 habitantes, ha votado este lunes a favor, con un resultado de 4-1, de apoyar la demanda federal presentada por la administración del presidente Donald Trump contra la California Values Act. “Nuestras leyes son cada vez más difíciles de aplicar", ha declarado el alcalde de la localidad, Matt Hall. "Se necesitan muchas agencias que trabajen juntas para mantenernos a salvo".
Desde que la ley entró en vigor el pasado enero, varias ciudades californianas han protestado contra esta norma. Entre otras, Aliso Viejo, Fountain Valley, Huntington Beach, Newport Beach, Orange, San Juan Capistrano y Yorba Linda, al igual que los condados de San Diego y Orange.
La ley "prohíbe a las agencias estatales y locales del orden, incluida la policía en las escuelas y departamentos de seguridad, usar los recursos para investigar, interrogar, detener, detectar, o arrestar a las personas con el propósito de cumplir con las leyes de inmigración".