En febrero de 2017, apenas días después de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) acudieron al domicilio del padre de Daniel Ramírez Medina. El hombre había entrado en el país de forma ilegal, y consigo se trajo a su hijo, que ahora es un soñador y cuenta con la protección del programa DACA. Los agentes detuvieron al hombre y preguntaron a su hijo si estaba “aquí legalmente”. Él respondió que sí, puesto que tiene DACA. Aun así le detuvieron.
Le llevaron a sus instalaciones, donde Ramírez volvió a recordarles que tenía permiso de trabajo. “No importa”, respondió el agente, “porque no has nacido en este país”. Así que le interrogaron, le tomaron las huellas, le quitaron su permiso de trabajo y le enviaron a un centro de detención para deportarlo, según informa el medio informativo Slate. Iniciaron para ello el proceso para quitarle la protección de DACA, alegando que suponía una “terrible preocupación para la seguridad pública” debido a su pertenencia a una pandilla.
Sus abogados han argumentado que prácticamente todas y cada una de las acciones llevadas a cabo por ICE fueron ilegales. Y que la afirmación de que Ramírez pertenece a un pandilla es completamente falsa. Ramírez dijo hasta en cinco ocasiones que no pertenecía a ninguna pandilla. Declaró incluso que había huido de California huyendo de las pandillas. Para conseguir DACA, le sometieron a dos exámenes de antecedentes. Estaba limpio
Uno de sus letrados presentó pruebas de que ICE había alterado la declaración de Ramírez, escrita con lápiz, borrando palabras para que pareciera una confesión. Además, los agentes usaron para probar su pertenencia a una pandilla el hecho de que tenía un tatuaje en el antebrazo con una estrella náutica y las palabras “La Paz – BCS”. Es decir, el lugar donde había nacido, en Baja California Sur. Trató de convencerles de que no significaba nada más. Pero para el agente de ICE era la prueba “definitiva” de que era un pandillero.
Dos jueces de inmigración ha determinado que no hay prueba alguna de que Ramírez sea un pandillero o una amenaza para la seguridad pública. Un experto con 700 casos a su espalda declaró que el tatuaje no tiene ninguna vinculación con esas bandas criminales. Pero ICE insistió.
Lo que hizo Ramírez fue iniciar un proceso judicial contra ICE por violar sus derechos. Y así llegó a manos del juez Ricardo S. Martínez, al que puso en el cargo el ex presidente republicano George W. Bush, y que no sólo dictó sentencia este martes en contra de la agencia federal, sino que además la acusó de mentir ante la corte.
La decisión de retirarle DACA a Martínez fue “arbitraria y caprichosa”, según el juez, que ordenó devolvérsela, además de prohibir a la agencia federal que siguiera diciendo que el joven es pandillero. Porque no es cierto. Porque es mentira.