Una jueza federal se ha negado a desestimar una demanda que desafía la autoridad del gobierno para registrar productos electrónicos personales como teléfonos celulares en la frontera de EEUU sin una orden judicial, diciendo que las políticas "afectan sustancialmente los derechos de la Primera Enmienda de los viajeros".
La orden fue emitida la semana pasada en el Tribunal de Distrito de EEUU en Boston pero que no se hizo pública hasta el jueves y rechaza el argumento del gobierno de que los productos electrónicos personales pueden requisarse sin órdenes bajo la misma autoridad que permite que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revise el equipaje y otros contenedores físicos.
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Citando un fallo de la Corte Suprema de 2014 que exige que la policía obtenga órdenes de allanamiento antes de registrar los teléfonos celulares de sospechosos, la jueza Denise Casper escribió en el fallo de 52 páginas: "Las búsquedas electrónicas de dispositivos son, categóricamente, más intrusivas que los registros de las personas o sus artículos. La capacidad de revisar los teléfonos celulares de los viajeros permite a los oficiales ver ‘casi todos los aspectos de sus vidas, desde lo mundano hasta lo íntimo"".
La demanda fue presentada en septiembre en nombre de 10 ciudadanos y residentes estadounidenses por la American Civil Liberties Union (ACLU) y la Electronic Frontier Foundation, un grupo de defensa de la privacidad digital sin fines de lucro.
Esa acción legal busca eliminar políticas que otorgan a los agentes de dos agencias de seguridad nacional, principalmente Aduanas y Protección Fronteriza, pero también Inmigración y Aduanas, amplios poderes sin aprobación judicial para revisar teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos personales de cualquier persona que ingrese al país.
DHS solicitó que se desestime la demanda porque "la frontera es diferente", argumentando que el gobierno tiene "un interés primordial en proteger su integridad territorial" y que la "expectativa de privacidad" de un individuo es menor en la frontera que en el interior" del país.
Pero Casper escribió que aunque el DHS "puede estar en lo cierto respecto a que la frontera es diferente", el Tribunal Supremo y el Primer Circuito han reconocido que las requisas digitales también son diferentes ya que "implican problemas de privacidad mucho más allá de los implicados" en una búsqueda típica de equipaje".
Casper, quien fue designada para el cargo por el presidente Barack Obama, escribió que los registros electrónicos pueden equivaler a una "intrusión psicológica", y estuvo de acuerdo con los demandantes en que los documentos electrónicos son equivalentes a los personales, cuya privacidad está fuertemente protegida porque "el que requisa está invadiendo no solo la casa del sujeto sino también sus pensamientos".
Los documentos gubernamentales presentados en el caso revelan que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza realizaron más de 30,000 búsquedas de dispositivos en la frontera el año pasado, alrededor de 50 por ciento más que en 2016 y más de tres veces que en 2015. La agencia no quiso hacer ningún comentario.
Sophia Cope, abogada de la Electronic Frontier Foundation, calificó el fallo, que permite que la demanda siga adelante, "una gran victoria para los derechos digitales de todos los viajeros internacionales".
"Como hemos argumentado durante mucho tiempo, la frontera no es una zona libre de la Constitución", dijo Cope en un comunicado.
Esha Bhandari, la abogada de la ACLU que argumentó el caso, dijo en un comunicado que los demandantes "esperan poder argumentar y demostrar que esos registros son inconstitucionales".