Durante más de una década, Anthonia Nwaorie había soñado con abrir una clínica médica en su ciudad natal en Nigeria. Esta enfermera de 59 años, vecina de la localidad texana de Katy, a las afueras de Houston, se convirtió en estadounidense en 1994. El pasado mes de octubre, embarcó al fin en un avión para hacer su sueño realidad. Llevaba consigo material médico y 41.377 dólares en efectivo, sus ahorros de toda vida. Fue entonces cuando un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) se fijó en ella.
“Me empezó a hacer preguntas: ‘¿Cuánto dinero lleva? ¿Cuánto tiempo lleva en Estados Unidos?”, ha explicado Nwaorie al diario The Texas Tribune.
“Me sentí como una criminal que hubiera pasado un semáforo en rojo”, añadió.
La detuvieron durante horas. Perdió el vuelo. Y le quitaron el dinero.
Según sus abogados, la CBP se quedó su dinero porque no había declarado que estuviera sacando del país una cantidad superior al límite legal (10.000 dólares). Pero, seis meses después, aunque ni ha sido acusada de ningún crimen, ni ha sido procesada, la CBP se niega a devolverle su dinero a menos que firme un acuerdo prometiendo no denunciar al Gobierno federal.
El Instituto para la Justicia, una organización sin ánimo de lucro, ha demandado a la agencia federal en nombre de Nwaorie para que le devuelva el dinero sin necesidad de firmar ese acuerdo. Además, quiere que la justicia prohíba al Gobierno la imposición de esas condiciones a otras personas.
“Representamos a cientos de miles de personas en todo el país a los que les ha pasado algo así”, explica Dan Alban, uno de sus abogados. La CBP ha declinado comentar la noticia.
En 2012, un salvadoreño embarcó camino a su país con el encargo de comprar un terreno para fundar allí una iglesia. Llevaba 28.500 dólares en donaciones, pero la CBP se quedó el dinero y obligó al hombre a firmar un acuerdo para devolvérselo. Tuvo que acudir a un abogado para recuperarlo sin necesidad de hacerlo, según explica el diario.
De acuerdo con datos del Instituto para la Justicia, la CBP realizó 125.583 embargos en todo el país durante 2016; en muchos casos, el afectado no protesta porque no puede permitirse un abogado, y el Gobierno se queda con su propiedad.