La mayoría de las personas detenidas bajo la primera prohibición de viaje emitida por el presidente Trump eran residentes legales en Estados Unidos, según documentos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.
El contenido del documento de 28 páginas, divulgado por Buzzfeed News y publicado en respuesta a múltiples solicitudes bajo la Ley Libertad de Información, revela que esa agencia detuvo a 1.903 personas luego que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva el 27 de enero de 2017, prohibiendo la entrada a Estados Unidos a personas de siete naciones de mayoría musulmana.
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Debido a que la orden no era específica, en medio de la confusión los agentes encargados de ponerla en práctica detuvieron a 1457 personas que eran residentes legales estadounidenses, o sea más de las tres cuartas partes de los detenidos.
De las 446 personas restantes, sujetas a una segunda inspección, más de un cuarto -al menos 134- declinaron entrar en Estados Unidos, lo que significa que abandonaron el país de inmediato.
Las cifras contenidas en el documento enumeran todos los viajeros relacionados con la orden ejecutiva detectados por la CBP durante inspección primaria en el aire, tierra y mar entre el 27 de enero y el 4 de febrero de 2017, que fueron remitidos para una segunda inspección.
El documento cita el caso de 10 tripulantes de un barco que fueron detenidos mientras estaban en EEUU y nueve sirios detenidos después del procesamiento en Filadelfia, así como un iraní detenido en Miami.
Algunos aspectos de la orden ejecutiva de Trump fueron impugnados en cortes casi de inmediato, pero no fue hasta el 3 de febrero de 2017, que el juez federal de distrito James Robart emitió una orden de restricción temporal a nivel nacional.
Tras varias declaraciones contradictorias de agencias del gobierno y la Casa Blanca finalmente se excluyó a los residentes legales de la prohibición de viaje.
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En respuesta a la oposición de Robart, Trump firmó una segunda orden ejecutiva más estricta, que se enfrentó a una oposición judicial similar. Luego, en septiembre de 2017, firmó un memorando presidencial que fue admitido por la Corte Suprema de Estados Unidos mientras examina su legalidad. Los argumentos en este caso están fijados para este mes de abril.