El presidente, Donald Trump, arremetió ayer contra las “ridículas leyes” de inmigración que permiten, en su opinión, la llegada de “torrentes” de personas a través de la frontera. En febrero intentó cambiarlas, pero no logró el respaldo ni de su propio partido. Ahora pide usar “la opción nuclear” para forzar un cambio legal que perjudicaría a millones de inmigrantes. Pero ¿en qué consiste ese cambio?
Éstas son las claves de la reforma migratoria que quiere impulsar la Casa Blanca, según han detallado este lunes fuentes oficiales en una conferencia de prensa telefónica.
“Manos atadas” con familias y menores sin acompañante. “Soltamos a mucha gente porque nuestras manos están atadas”, han afirmado las citadas fuentes, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). La queja de la Casa Blanca, que está dirigida contra las leyes existentes y las decisiones judiciales, se centra en las familias y los menores sin acompañante que entran por la frontera mexicana.
“Sólo podemos detener a familias por menos de 20 días”, se lamentan, y en ese plazo les resulta imposible, añaden, conseguir una orden de deportación. En el caso de los menores sin acompañantes, si provienen de México o Canadá, es decir, de países contiguos, y no son víctimas de trata o tienen un miedo creíble a regresar, pueden ser devuelto sin más. Pero si proceden de otros países (por ejemplo, son centroamericanos), no pueden ser detenidos más de tres días.
Lo que la Casa Blanca desea es que todos los menores, independientemente de dónde provengan, sean tratados igual que los mexicanos y canadienses. Y que los plazos para mantener a niños y familias bajo custodia sean mayores. “¿Por qué no habrían de venir?”, se preguntaban dichas fuentes, “hemos pedido cambios [legales] para poder hacer nuestro trabajo, no podemos tener las manos atadas sobre a quién detenemos y por cuánto tiempo”.
En su opinión, además, es un tema de vida y muerte: “Mientras sigan viniendo, harán ese viaje, morirán más, serán explotados más. Por eso le pedimos al Congreso que lo arregle y, de paso, salve vidas”.
El miedo creíble no debe ser suficiente. No sólo se trata de poder devolver a los inmigrantes más fácilmente, sino también de que tengan más difícil quedarse, y para ello es clave el sistema de asilo. En la actualidad, los recién llegados deben poder probar un miedo creíble de que, en caso de ser expulsados, serán sometidos a persecución o tortura. Y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) está “desesperado” por arreglar algunos “problemas” al respecto.
Según sus estadísticas, el 65% de inmigrantes logra demostrar ese miedo creíble y gana por tanto su derecho a comparecer ante un corte de inmigración. Los jueces (que dependen del Departamento de Justicia, es decir, del Gobierno que preside Donald Trump) permiten recurrir a un 10% más, de forma que casi ocho de cada 10 inmigrantes tiene la posibilidad de comparecer ante una corte a defender su caso.
Las autoridades federales no tienen camas suficientes en los centros de detención como para mantenerlos bajo custodia hasta entonces. Además, con el retraso actual, pueden pasar años antes de que comparezcan.La Casa Blanca lamenta que, para entonces, muchos deciden no hacerlo, quedándose ya de forma ilegal en el país.
Su solución es dificultar la carga de la prueba por parte del inmigrante, obligándoles a probar por una parte que dicen la verdad, y por otra que tienen un miedo creíble. Y, además, descalificar a aquellos que, en su camino hacia Estados Unidos, huyendo supuestamente por miedo, pudieron quedarse en un país intermedio (por ejemplo, México), presuntamente a salvo del peligro que les amenazaba.
Adiós a los soñadores. Trump anunció el domingo que abandonaba cualquier intención de negociar una salida para los soñadores, es decir, para los jóvenes llegados ilegalmente cuando eran niños de la mano de sus padres. Según dijo, esos “torrentes” de indocumentados que se dirigen al país “en caravanas” están “intentado aprovecharse de DACA”. El problema es que ese programa ya no existe porque el propio Trump lo finiquitó en septiembre (sigo vivo porque dos cortes así lo decidieron provisionalmente, pero no acepta nuevos ingresos).
Según la Casa Blanca, DACA sigue siendo sin embargo “un imán” porque, mientras el Congreso debate si permite a los soñadores quedarse o no, “suele venir mucha gente de forma ilegal, no importa si cualifican o no”. Ninguno puede cualificar, porque, entre otros requisitos, es necesario que estén en el país desde hace más de una década. “Pero el beneficio es muy atractivo para que vengan más adolescentes solos o que sus padres los manden pensando que pueden conseguir clemencia durante este debate o que se les ofrecerá en el futuro”, añaden las citadas fuentes.
En resumen: para que no vengan más jóvenes pensando que dentro de 10 años habrá otra amnistía, la Casa Blanca quiere expulsar a todos los soñadores (hay 700.000 con DACA, pero en su misma situación hay más del doble) que ahora viven aquí y cuya única patria ha sido y es Estados Unidos.