El pasado 14 de febrero, Nikolas Cruz salió de casa armado con un rifle de asalto y abundante munición, y asesinó a 17 estudiantes y profesores en su escuela de Parkland (Florida).
Un año antes, alguien pudo evitarlo.
Un año antes, Cruz escribió la palabra “Matar” en un cuaderno. Y le contó a un compañero de clase que quería comprarse un arma y usarla. Y se hizo cortes en el brazo, presuntamente por la furia que sentía después de que su pareja le abandonara. Y le dijo a otro estudiante que había bebido gasolina y había vomitado. Un año antes, el FBI había recibido llamadas alertando sobre la posibilidad de que Cruz cometiera una matanza en una escuela.
Estos datos están incluidos en la documentación presentada ante la corte que ahora debe juzgarle por la matanza. Cruz se ha declarado no culpable, pero se enfrenta a una posible condena de pena de muerte. De acuerdo con esta documentación, un agente de policía y dos consejeros escolares recomendaron en septiembre de 2016 que el joven, que ahora tiene 19 años, fuera internado contra su voluntad en un centro psiquiátrico durante al menos tres días.
Esa posibilidad está incluida en la Ley de Salud Mental de Florida aprobada en 1971, y conocida como Baker Act. Agentes de policía, médicos o jueces pueden obligar a internar a una persona como procedimiento de emergencia si creen que puede dañar a alguien o a sí mismos. Tan solo eso habría bastado para que le fuera mucho más difícil o incluso imposible obtener un arma de forma legal.
El oficial de policía que recomendó internar a Cruz es Scot Peterson, el agente del condado de Broward que dimitió después de ser acusado de quedarse fuera del edificio durante el tiroteo en la escuela.
Los documentos a los que tuvo acceso la agencia de noticias no aclaran si el joven fue finalmente internado, aunque nada indica que lo fuera.