El Departamento de Justicia ha recurrido tres leyes californianas que, en su opinión, “obstruyen de forma intencionada” la labor del Servicio de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, en inglés), “socavando las normas migratorias” del país y “poniendo en peligro” a ciudadanos y, sobre todo, a las fuerzas del orden.
Pero California podría ser sólo el primer paso en esta batalla contra los estados, condados y ciudades santuario que se han negado a cooperar con las autoridades migratorias federales más allá de lo que obliga la ley. Otras 29 jurisdicciones recibieron una carta del Departamento de Justicia exigiéndoles que demuestren que están cumpliendo las leyes federales, y a 23 se les exigió en enero que entregaran toda la información sobre su supuesta obstrucción al trabajo de ICE.
En noviembre, el fiscal general, Jeff Sessions, hizo pública una “lista preliminar” de las 29 jurisdicciones que pueden estar incumpliendo el código 1373, que rige la cooperación entre las autoridades estatales y locales, y los servicios federales de inmigración.
Se trata de los estados de Illinois, Oregón y Vermont; los condados de Bernalillo (Nuevo México), Contra Costa (California), Denver (Colorado), King (Washington), Monterey (California), Multnomah (Oregón), Riverside (California), Sacramento (California), San Francisco (California), Santa Clara (California), y Sonoma (California); y las ciudades de Albany (New York), Berkeley (California), Burlington (Vermont), Fremont (California), Jackson (Mississippi), Lawrence (Massachusetts), Los Ángeles (California), Louisville (Kentucky), Middlesex (New Jersey), Newark (New Jersey), Santa Ana (California), Seattle (Washington), Washington DC, Watsonville (California) y West Palm Beach (Florida).
En enero, el Departamento de Justicia envió una nueva carta a 23 jurisdicciones, exigiendo documentación que demuestre si están reteniendo información que deberían compartir con las autoridades migratorias.
Este nuevo aviso afectó a los estados de Illinois y Oregón; los condados de Bernalillo (Nuevo México), Denver (Colorado), King (Washington), Monterey (California), Sacramento (California), San Francisco (California) y Sonoma (California); y las ciudades de Albany (New York), Berkeley (California), Burlington (Vermont), Fremont (California), Jackson (Mississippi), Lawrence (Massachusetts), Los Ángeles (California), Louisville (Kentucky), Watsonville (California) y West Palm Beach (Florida).
También afectó al estado de California, al condado de Cook (Illinois), y a las ciudades de Nueva York y Chicago (Illinois).
El Departamento de Justicia anunció el martes acciones judiciales contra California, haciendo temer al resto de jurisdicciones en su punto de mira que puedan ser los siguientes.
En concreto, Sessions ha llevado ante la justicia tres leyes: la SB 54, que evita que los agentes de la ley notifiquen a las autoridades migratorias federales cuándo van a liberar a los indocumentados encarcelados para poder así deportarlos; la AB 450, que prohíbe a los empleados privados cooperar con los agentes de inmigración cuando éstos realizan inspecciones en centros de trabajo, y obliga a los responsables de las empresas a avisar de cuándo se va a producir una de estas inspecciones; y la AB 103, que requiere que las autoridades estatales inspeccionen los centros de detención federales donde los inmigrantes aguardan su deportación.
La demanda judicial, que también va dirigida contra el gobernador, Jerry Brown, que firmó las leyes a finales del año pasado, y contra el fiscal general de California, Xavier Becerra, solicita que se invaliden estas tres normas y se impida su cumplimiento.