La Patrulla Fronteriza detiene a los inmigrantes indocumentados que tratan de entrar en el país de forma irregular. El Servicio de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, en inglés) se encarga de arrestar a aquellos que ya lo han logrado y viven sin documentos en ciudades y pueblos de todo el país. Al menos así era antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca.
Ahora, sin embargo, la Patrulla Fronteriza está escudándose en leyes poco conocidas para poder extender su ámbito de acción más allá de las 100 millas de distancia de la frontera, y para poder detener a inmigrantes en propiedad privada incluso sin permiso, según informa el diario The New York Times.
En Texas, un ranchero ha acusado a la Patrulla Fronteriza de colocar una cámara de vigilancia en su propiedad. En New Hampshire, ha detenido a inmigrantes indocumentados en puntos de control colocados presuntamente para buscar drogas. Y en Florida, Washington y Nueva York ha sido criticada por subir a trenes y autobuses para preguntar por el estado migratorio de los pasajeros.
Según la Casa Blanca, una ley de hace décadas permite a la Patrulla Fronteriza actuar incluso sin orden de un juez, pese a que la Cuarta Enmienda de la Constitución protege contra actuaciones “excesivas”.
La ley federal no obliga a contar con permiso del juez para actuaciones en la frontera; el Departamento de Justicia considera además “razonable” extender el límite hasta las 100 millas de distancia. El problema es que cerca de 200 millones de estadounidenses viven a menos de 100 millas de una frontera, y hay 11 estados cuyo territorio entero o casi entero cae dentro de ese límite. Por ley, los patrulleros pueden incluso entrar en cualquier propiedad privada a menos de 25 millas sin permiso del dueño.