Los inmigrantes que reciban ayuda del Gobierno para pagar sus alimentos, que tengan un seguro médico público, o que apunten a sus hijos a un programa pre-escolar estatal, podrían tener más difícil conseguir la residencia, según las nuevas normas que prepara el Departamento de Seguridad Nacional y a las que ha tenido acceso la agencias de noticias Reuters.
En 2016, hasta 383.000 personas podrían verse afectadas por este cambio normativa, según el cálculo de Reuters a partir de las cifras de Seguridad Nacional. Las reglas no afectaría a los residentes que aplicaran por la ciudadanía, pero sí a todas las personas que trabajan legalmente en el país.
Las normas actuales, aprobadas en 1999, prohíben específicamente a las autoridades migratorias tomar en cuenta las ayudas públicas que un inmigrante pueda recibir a la hora de decidir si tiene derecho o no a permanecer en el país.
“Los no-ciudadanos que reciben ayudas públicas no son auto-suficientes y dependen de los recursos del Gobierno estadounidense y de las autoridades estatales y locales, en lugar de hacerlo de familias, sponsors u organizaciones privadas”, asegura el documento consultado por Reuters. “Un receptor extranjero de ayudas públicas a costa del contribuyente y de la disponibilidad de estos incentivos puede ser un incentivo para que extranjeros emigren a Estados Unidos”, añade.
“La Administración se compromete a hacer cumplir las leyes actuales de inmigración, que están claramente pensadas para proteger al contribuyente estadounidense”, ha explicado un portavoz de Seguridad Nacional, Tyler Houlton. “Cualquier cambio posible de estas reglas mantendría la letra y el espíritu de la ley, así como las expectativas razonables de los estadounidenses de que el Gobierno cuide adecuadamente del dinero de los contribuyentes”, ha añadido.