Donald Trump creó en mayo de 2017 una comisión para investigar si se produjo fraude en las elecciones que le convirtieron en presidente, tal y como él ha afirmado en repetidas ocasiones sin prueba alguna. Trump ha llegado a decir que inmigrantes indocumentados pueden votar sin restricciones pese a ser ilegal. La comisión cerró sin haber llegado a ninguna conclusión el 3 de enero, alegando que las trabas puestas por numerosos estados le impedían realizar su trabajo.
Pero, antes de cerrar, le dio tiempo a gastar el dinero de los contribuyentes en comprar datos sobre votantes en Texas que le permitirían identificar a hispanos.
Según ha revelado el diario The Washington Post, un miembro de la comisión solicitó los datos de cerca de 50 millones de votantes de este estado, el segundo con mayor población hispana (después de California), y se aseguró de que se señalizara a aquellos con un apellido latino. Texas identifica a los votantes hispanos desde 1983 para enviarles información bilingüe.
Esa información nunca llegó a sus manos, merced a una demanda judicial por parte de activistas que paralizó el proceso, según añade el diario, citando fuentes de la Casa Blanca y de las autoridades texanas. Una vez disuelta, la comisión aseguró que había destruido todos los datos recolectados durante una investigación que afectaba a 150 millones de votantes en todo el país.
La comisión pagó 3.500 dólares a las autoridades texanas por los datos de 49,6 millones de votantes. Su vicepresidente, el republicano Kris W. Kobach, secretario de Estado de Kansas, se dijo sorprendido al ser informado por el diario de lo ocurrido. Además, aseguró que esa información habría sido “inútil”. Ronald Williams, el oficial de la comisión que solicitó los datos, no ha respondido las llamadas del diario.
La Casa Blanca ha negado que se intentara identificar a los votantes por su etnia, y ha explicado, según fuentes anónimas, que se solicitó identificar a los votantes hispanos para evitar confusiones por el uso tradicional de dos apellidos.