organizaciones fronterizas denunciaron este jueves que el gobierno de donald trump utiliza la ciudad de el paso (texas) como un "laboratorio" de sus políticas migratorias y de seguridad fronteriza.
borderland immigration council y hope border institute presentaron en rueda de prensa el informe "sellando la frontera: la criminalización de solicitantes de asilo en la era trump", en el que denuncian graves violaciones de derechos humanos.
estos grupos han documentado casos "del creciente uso de la separación familiar forzosa, la detención desmesurada de mujeres embarazadas y personas gravemente enfermas en condiciones inhumanas y sin atención médica adecuada, y la criminalización generalizada de los solicitantes de asilo".
el informe también describe cómo el gobierno de trump ha adoptado prácticas abusivas por parte del servicio de inmigración y control de aduanas (ice) y de la oficina de aduanas y protección fronteriza (cbp) en las zonas fronterizas de el paso y nuevo méxico, que ha trasladado a nivel nacional.
"el análisis de cerca de 300 casos revisados revelan que la administración trump ha tomado el paso como laboratorio de prueba de su modelo brutal de aplicación de la ley fronteriza y de inmigración", reza el informe.
según camilo pérez, director del área de investigación y defensa del hope border institute, el paso representa uno de los lugares más "injustos" en el trato a los inmigrantes que solicitan asilo, a los que se rechaza en casi el 100% de los casos.
"lo que hemos encontrado es realmente alarmante e indignante. la administración de trump y, en esta región, los funcionarios del ice y de la cbp, han transformado la región fronteriza en una zona generalizada de peligro para los solicitantes de asilo", afirmó.
participó de la presentación del informe maría loera, una inmigrante mexicana que solicitó asilo en estados unidos y está ahora en riesgo de deportación.
"pedí asilo político (hace cuatro años) por la violencia en (ciudad) juárez, porque mataron a mi esposo, y tuve que venirme por amenazas, y me dejaron entrar. me dieron el asilo un año y después llegó la deportación", dijo loera, de 40 años, quien tiene una hija de ocho años, que padece cáncer.
explicó que tiene una orden de deportación a hacerse efectiva el próximo 7 de febrero. "el gran problema es que la administración actual ha creado un ambiente en el que se puede operar con impunidad", sostiene kevin appleby, director de políticas internacionales de migración del center for migration studies, en nueva york.