La Administración presidida por Donald Trump ha enviado nuevas instrucciones a los jueces de inmigración sobre qué casos priorizar y cómo acabar así con el atasco en estas cortes, que supera ya los 660.000 expedientes.
El Departamento de Justicia anunció hace justo una semana el nombramiento de James McHenry como director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, que supervisa las 59 cortes de inmigración, y de la que depende también la Junta de Apelación de Inmigración, la máxima instancia en estos casos.
McHenry ha enviado su primer memorándum a los jueces, según ha informado el diario The Wall Street Journal, en el que les conmina a priorizar los casos en los que el inmigrante se encuentra en prisión con el objetivo de solucionar el 85% de estos expedientes en los próximos dos meses. Su otro objetivo es resolver el 85% de casos en los que el inmigrante está en libertad a la espera de dictamen antes de que finalice este año.
Según la Universidad de Syracuse, hay 660.000 casos atrasados en las cortes, lo que supone que algunos inmigrantes deban esperar años en el limbo, sin ser deportados pero sin tener tampoco la seguridad de poder iniciar una vida en este país.
“Pese a la contratación de muchos jueces de inmigración adicionales, no parece haberse frenado el crecimiento”, que, según explicó la institución en un comunicado el 4 de enero, de hecho se aceleró en los últimos meses de 2017. La mayoría de casos atrasados está en California (123.000), seguida de Texas (103.000) y Nueva York (89.000).
El Departamento de Justicia dijo en diciembre que ha contratado a 50 jueces desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y planea incorporar a otros 60 durante el primer semestre del año. En la actualidad hay 339 jueces Según sus cifras, el flujo de trabajo se ha disparado (desde 50.000 casos en 2014 y 2015 a más de 100.000 en 2016 y 2017).
“Ciertas políticas implementadas en el sistema de cortes de inmigración en los últimos años han contribuido a que se tripliquen los casos pendientes” ha señalado el portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, en un comunicado a medios. En concreto, O’Malley señala que, en 2010, es decir, con Barack Obama como presidente, los casos en los que el inmigrante está en libertad dejaron de ser prioritarios. En su opinión, volver a poner fechas límites a los jueces puede acabar con el atasco en las cortes, aunque no está claro cómo podrá conseguirse sin aportar nuevos recursos al sistema.