Una corte de Nueva Jersey retiró el pasado viernes la nacionalidad a un inmigrante que logró naturalizarse como estadounidense aunque pesaba en su contra una orden de deportación. El Departamento de Justicia alertó el martes de que podría no ser el único descubierto: ha detectado irregularidades en 315.000 casos, lo que podría significar la retirada de la nacionalidad para miles de inmigrantes. En al menos 1.600 casos más, ha anunciado además, acudirá a los tribunales.
El Departamento de Seguridad Nacional advirtió en septiembre de 2016 que había detectado al menos 858 casos en los que individuos con una orden de deportación habían logrado la nacionalidad estadounidense debido a un fallo en el control de huellas dactilares.
En concreto, se encontró con que las huellas de 148.000 inmigrantes con orden final de expulsión no habían sido digitalizadas, de forma que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no pudo comprobar que pertenecían a personas a las que, de forma inadvertida, estaba concediendo la nacionalidad.
Esta investigación, bautizada como Operación Janus, se había iniciado en realidad muchos años antes, en 2008, cuando un empleado del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras detectó que había personas que, una vez con una orden de deportación en contra, habían aducido ser alguien diferente, usando datos personales inventados, para lograr la residencia o la nacionalidad.
Entre ellos había alguno que, una vez naturalizado, incluso llegó a convertirse en miembro de las fuerzas del orden; otros tenían permiso para manejar información confidencial, o para acceder a zonas protegidas en aeropuertos.
Las autoridades estadounidenses no han revelado la nacionalidad de los inmigrantes afectados por esta investigación. Los tres primeros casos en ser llevados ante la justicia se refieren sin embargo a dos ciudadanos paquistaníes y uno indio; la investigación comenzó centrándose en países críticos para la seguridad nacional o fronterizos con estas naciones.
Una de estas tres personas es Baljinder Singh, un indio de 43 años que llegó al aeropuerto de San Francisco en septiembre 1991 sin documentos para probar su identidad. Dijo llamarse Davinder Singh, y evitó presentarse ante la corte de inmigración, que tres meses después ordenó su expulsión. En vez de marcharse, Singh pidió asilo con otro nombre. Terminó por lograr la nacionalidad en 2006 gracias a casarse con una estadounidense.
El pasado 5 de enero, sin embargo, el juez Stanley R. Chesler, de la corte de distrito de Nueva Jersey, ordenó que se le retirara la nacionalidad, dejando en manos del Departamento de Seguridad Nacional la posibilidad de deportarle.
“El acusado explotó nuestro sistema de inmigración y de forma ilegal se aseguró el beneficio máximo para un inmigrante, la naturalización; esto mina tanto nuestra seguridad nacional como el sistema legal de inmigración”, ha señalado el vicefiscal general en funciones Chad Readler. “Espero que este caso”, señaló por su parte el director de USCIS, L. Francis Cissna, “lancé un mensaje claro de que intentar conseguir la ciudadanía de forma fraudulenta no será tolerado”.